El grupo de trabajo de acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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Documentos Lista
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Ranking de transparencia de la publicidad institucional de las CCAA
Por el Observatorio de Medios, que es una iniciativa del think tank Ethosfera y la Fundación Haz, que nace con la misión de promover y fortalecer una cultura de gobernanza y transparencia en los medios de información de España y Latinoamérica. Un espacio de encuentro y colaboración que permita desarrollar e impulsar estándares comunes en las áreas de transparencia y buen gobierno, difundir buenas prácticas y facilitar el diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas entre los diferentes actores: empresas y grupos de información, anunciantes, plataformas, reguladores, agencias de comunicación y publicidad, directores de comunicación, asociaciones de periodistas, asociaciones de editores, expertos en tecnología, académicos, etc.
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Informe sobre la Justicia Administrativa 2023.
Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia, por Isaac Martín Delgado. Capítulo del Informe sobre la Justicia Administrativa 2023 (CIJA). Indicadores de actividad, Derechos Fundamentales, Transparencia y Defensa de la Competencia.
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La implantación de la transparencia algorítmica
Informe para la implantación del registro de algoritmos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 1/2022 valenciana de transparencia. Realizado en el marco del convenio de la Cátedra PAGODA y Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+I «Registro público de algoritmos» y coordinado por Lorenzo Cotino.
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Resolución relevante del Consejo de Transparencia y Participación sobre viaje Díaz Ayuso a EEUU
Resolución del CTYP sobre un tema relevante.
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Informe del Consejo de la UE sobre acceso a la información pública en 2022
Informe anual 2022 del Consejo sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. -
Diseños institucionales para mejorar el desempeño de la infraestructura desde la óptica de transparencia e integridad
Este informe del que es autor Beltrán Gambier para el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece un análisis de un nuevo modelo de institución supervisora de la gestión de las infraestructuras conocido como iBodies, por su sigla en inglés.
La experiencia en aquellos países que poseen iBodies muestra que pueden tener un importante impacto en la promoción de prácticas de integridad, buena gobernanza y transparencia en este sector. Los iBodies también aumentan la probabilidad de que el gasto público en infraestructuras sea realizado siguiendo los mejores estándares internacionales de calidad institucional, y reducen significativamente la posibilidad de comportamientos indebidos.
El presente trabajo analiza los iBodies de Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Asimismo, también se analiza el caso de Canadá que, si bien aún no ha desarrollado su iBody, tiene intención de hacerlo siguiendo las mejores prácticas internacionales. Los países que cuentan con este tipo de entes públicos además muestran buenos resultados en aquellos indicadores que miden calidad de las instituciones, integridad del sector público y respeto por el estado de derecho, conforme a los índices internacionales más confiables.
A partir de estas experiencias, se analiza la naturaleza jurídica de los entes, sus marcos regulatorios, su integración, el modo de designación y remoción de sus funcionarios, los mecanismos de control y las normas de compliance a las que se encuentran sujetos.
En líneas generales, cada país deja enseñanzas que se podrían aplicar a otros contextos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, todos los contratos se publican en plataformas digitales que facilitan el acceso de la ciudadanía. En Australia, se destaca la independencia de los iBodies del poder político, tanto a nivel central como regional. El Reino Unido exhibe una doble estrategia, tiene un iBody para los proyectos regulares mientras que los grandes proyectos se manejan desde el gobierno central, con intervención de la persona a cargo del Ministerio competente. De Canadá se destaca el énfasis en las consultas públicas previo a la aprobación de obras de infraestructura.
En cada caso, se analizan los sistemas de control, tanto estatales como no estatales. Se afirma que las instituciones supervisoras de la gestión de las infraestructuras no son responsables de la realización de las obras y, por lo tanto, el control sobre ellas no es un control de gasto de dinero público sino un control de buena gobernanza e integridad en la gestión de esos procesos.
Por último, se formulan recomendaciones sobre cómo, según las mejores prácticas internacionales, se debería estructurar y hacer funcionar a una institución de este tipo (iBody). Entre ellas, se destaca la independencia de los iBodies del poder político, dado que la exclusión de la injerencia de la política en la labor técnica de los iBodies es esencial para su buen funcionamiento. Se subraya la importancia de privilegiar la excelencia profesional y ética en la selección de las personas que integrarán los órganos de dirección de un iBody. Asimismo, se destaca la necesidad de una cuidadosa regulación de los conflictos de intereses que puedan tener los funcionarios de los iBodies. Se expresa, también, que no puede haber un marco adecuado para la integridad en el funcionamiento de un iBody sin normas de compliance y un sistema de verificación de cumplimiento de las mismas, basado en la transparencia de los procesos y la publicación de todos los contratos y documentos relacionados con la gestión de las obras de infraestructura.
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Moción del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, al marco institucional de las entidades locales (nº 1.501)
Autor: Tribunal de Cuentas (estatal).
Fecha: 21/12/2022.
Título: Moción sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales (nº 1.501).
Breve descripción:
Moción del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales. Incluye la recomendación de incluir, entre las competencias propias de las diputaciones provinciales, aplicables también a cabildos y consejos insulares, las relativas a la prestación de servicios en materia de transparencia de la actividad pública a los ayuntamientos de municipios de menor población. Recomienda también, entre otras cuestiones, el establecimiento de un régimen básico especial de publicidad activa para las entidades locales de reducida dimensión.
URL: https://www.tcu.es/repositorio/1248b26b-a2e8-40b4-8118-c04d4bc89346/I1501.pdf -
Acceso a la información contenida en padrones fiscales
Informe del Consell de Transparència de la Comunitat Valencia acerca del acceso a la información contenida en padrones fiscales
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Acceso a la información contenida en padrones fiscales
Informe del Consell de Transparència de la Comunitat Valencia acerca del acceso a la información contenida en padrones fiscales
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Publicidad activa de entidades privadas perceptoras de subvenciones públicas
Informe del Informe del Consell de Transparència de la Comunitat Valencia acerca de la publicidad activa por parte de las entidades privadas que sean perceptoras de subvenciones públicas
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TO RECOVERY AND BEYOND 2021 UNESCO. Report on Public Access to Information (SDG 16.10.2)
Informe de resultados de la encuesta de UNESCO sobre los avances de 102 países en el cumplimiento del ODS 16.10.2 sobre acceso a la información pública