El grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
Administradores de grupo
Biblioteca Lista
-
Derecho de acceso: Dos novedades autonómicas en 2022 y una tercera que no pudo ser
El objeto de este comentario es dar cuenta de las novedades en relación con la ordenación del derecho de acceso a la información pública introducidas por dos normas autonómicas, de diverso rango y alcance, curiosamente aprobadas en la misma fecha de 13 de abril de 2022 en la Comunidad Valenciana (Ley 1/2022, de 13 de abril) y La Rioja (Decreto 14/2022, de 13 de abril), así como utilizar, a modo de contraste, el malogrado proyecto de ley de fines de 2021 de Castilla y León. En cualquier caso, todas estas normas son expresivas de la continua evolución del régimen jurídico de la transparencia pública. Artículo de Severiano Fernández publicado en el núm. 15 de la Revista Española de Transparencia.
-
La competencia de las autoridades de transparencia para conocer de las reclamaciones contra resoluciones que aplican regímenes especiales de acceso a la información
Este trabajo analiza la competencia de las autoridades de transparencia para conocer de reclamaciones que tienen su origen en la aplicación de normas especiales de acceso a la información. Se analiza el estado de la cuestión y la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se aportan conclusiones y propuestas. Artículo de Emilio Guichot publicado en el núm. 15 de la Revista Española de Transparencia.
-
Resolución 757/2022, de 09.09.2022, de la GAIP (reclamación nº 107/2022)
Contratación del sector público y normativa de transparencia. Para que una información pueda considerarse secreto empresarial es necesario que reúna los requisitos que establece el art. 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. Acceso a la información pública y consentimiento de las partes afectadas: los pactos entre las partes no pueden ser contrarios a la ley de transparencia; el pacto de confidencialidad entre las partes debe ceder ante las exigencias legales, entre ellas las derivadas de la ley de transparencia.
-
La transparencia y la no discriminación en el Estado de bienestar digital
Interesante artículo publicado en la Revista Chilena de Derecho y Tecnología, obra de Alberto Coddou Mc Manus y Sebastián Smart Larraín. ¡Marchando una de inteligencia artificial y transparencia!
El uso intensivo y masivo de tecnologías digitales en la gestión y provisión de servicios, asistencia o programas sociales ha planteado diversos desafíos en materia de derechos humanos. Este trabajo se enfoca en los desafíos que la opacidad y la discriminación algorítmicas plantean al denominado Estado de bienestar digital. Desde esta perspectiva, el artículo pretende ser un aporte teórico en la creciente discusión sobre la gobernanza digital y su potencial distópico.
-
Resolución 708/2022, de 19.08.2022, de la GAIP (reclamación nº 388/2022)
Información pública sometida al derecho de acceso: no lo son los atestados de los Mossos d'Esquadra en funciones de policia judicial.
-
Resolución 690/2022, de 12.08.2022, de la GAIP (reclamación nº 644/2022)
Igualdad de las partes en los procesos judiciales: el límite debe aplicarse restrictivamente, acotado a la información elaborada expresamente para la defensa jurídica de la Administración, sin que pueda abarcar cualquier información que se le pueda parecer.
-
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) 670/2022 (nº recurso: 4116/2020), de 2 de junio de 2022 (ECLI:ES:TS: 2022:2272)
Autor: Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso).
Fecha: 02/06/2022.
Título: Sentencia 670/2022 (nº recurso: 4116/2020) (ECLI:ES:TS:2022:2272).
Breve descripción: La sentencia trata de completar, reforzar o, en su caso, matizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo a fin de aclarar los presupuestos y requisitos de aplicación de la causa de inadmisión de solicitudes de acceso a la información pública prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno; en particular, respecto de solicitudes de información de carácter urbanístico, ante la administración local competente, que puedan requerir de la emisión de un informe técnico municipal, cuando el solicitante no ostenta la condición de interesado en el procedimiento administrativo, ni la condición de miembro integrante de la corporación local.
URL: https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/acb47b377aaf7bf6a0a8778d75e36f0d/20220617 -
Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) 134/2022 (R/0060/2022), de 18 de julio de 2022
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 18/07/2022.
Título: Resolución 134/2022 (R/0060/2022).
Breve descripción: Ayudas y acuerdos de Apoyo Financiero y de Gestión concedidas en el marco del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. La existencia de una reserva específica de confidencialidad no excluye de forma automática ni absoluta el acceso a aquella parte de la información que obre en las resoluciones y acuerdos del Consejo Gestor del Fondo de ayudas que no tenga el carácter de confidencial o que no afecte a los intereses comerciales de las empresas beneficiarias de las ayudas.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:cce53f73-fe1c-4745-a930-c6433e4b74b0/Resolucion%20134-2022_expte.%20R-0060-2022.pdf -
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE ACCESO A DATOS DE IBI
El pasado 22 de julio el Tribunal ha dictado sentencia en un pleito que mantenía el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla en relación a una solicitud de acceso a la información pública que interesaba conocer la relación de bienes inmuebles (urbanos y rústicos) exentos del pago del IBI con expresión de sus domicilios, cuantía, causa legal de esa exención, así como titularidad de los mismos, salvo cuando estos fueran personas físicas. La sentencia reitera otra anterior en la que aclara que la Ley General Tributaria (LGT) no contiene un régimen jurídico específico de acceso y sí un principio o regla general de reserva de los datos con relevancia tributaria como garantía del derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos (art 18 CE). Las previsiones de la LGT sobre confidencialidad de los datos tributarios no desplazan ni hacen inaplicable el régimen de acceso que se diseña en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Disposición Adicional Primera).
Y en segundo lugar, reconoce el acceso a la relación de inmuebles que gozan de la exención, con expresa determinación de la causa de dicho beneficio, así como el importe de la exención, que pertecen a los entes públicos titulares, como son el Estado, Comunidades Autónomas y Gobiernos locales -y organismosy entidades que dependan de los anteriores-, así como los inmuebles de Gobiernos extranjeros a los que se refiere el apartado 1º e) del artículo 62 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales), en la medida que no constituyen "datos protegidos" en la normativa de Catastro y no incorporan ningún dato de índole personal que pueda estar afectado por los límites que se contemplan en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
-
Panorámica jurisprudencial sobre el derecho de acceso a la información pública en el ámbito europeo
El reconocimiento y alcance del derecho de acceso a la información pública ha seguido sendas distintas en el contexto del Consejo de Europa y en el ámbito de la Unión Europea, si bien, en ambos casos, su interpretación se encuentra inevitablemente vinculada a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respectivamente. En este artículo se analizan las sentencias más significativas —incluyendo algunas muy recientes— en las que ambos órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse delimitando la configuración y los límites al ejercicio del derecho, así como su carácter iusfundamental. El resultado es un derecho de acceso a la información pública cuyo régimen jurídico presenta singularidades propias según se trate del sistema del CEDH o del Derecho de la Unión Europea, pero también ciertas similitudes que, analizadas de forma conjunta, permiten constatar una tendencia jurisprudencial compartida orientada a ampliar el alcance de este derecho.
-
Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) 65/2022 (R/0157/2022), de 29 de junio de 2022
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 29/06/2022.
Título: Resolución 65/2022 (R/0157/2022).
Breve descripción: Entrada del líder del Frente Polisario en España. La motivación de la concurrencia del artículo 14.1.f) LTAIBG no puede obviar el consolidado criterio de este Consejo de Transparencia según el cual vincular la vulneración de la igualdad de las partes y de la tutela judicial efectiva a la mera existencia de un procedimiento judicial, sin justificar en qué medida el conocimiento de la información solicitada puede generar tal perjuicio, no resulta suficiente para motivar la denegación del acceso con arreglo a las previsiones de la LTAIBG. En línea con lo anterior, debe señalarse que es generalizada la interpretación restrictiva del límite alegado, restringiéndolo a información que puede perjudicar de forma constatable la igualdad de las partes en un procedimiento judicial, considerándolo de aplicación básicamente solo a los documentos elaborados expresamente con ocasión de un procedimiento.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:9eb29e10-35ad-4df8-980a-d8f8e70ddd13/Resolucion%2065-2022_expte.%20R-0157-2022.pdf -
Resolución 26/2022, de 29 de junio, del Consejo de Transparencia de Aragón.
Acumulación de reclamaciones con solicitudes diversas. Algunas de las cuestiones planteadas se refieren a quejas relativas a la actuación del Alcalde y al modo en que se ejecutan los acuerdos adoptados por el Pleno municipal, o bien se requiere que el Ayuntamiento realice determinadas actuaciones. Incompetencia del Consejo. La información del contrato para la prestación del servicio municipal de deportes y la situación de determinados caminos es información pública. En la solicitud de acceso al Libro de entradas y salidas como en el listado de Decretos, se aprecia una indeterminación en cuanto al alcance temporal de la solicitud, que no es admisible. Estimar parcialmente e inadmitir.
-
Resolución 23/2022, de 29 de junio, del Consejo de Transparencia de Aragón.
Acceso a la información pública por parte de los cargos públicos representativos locales. Es irrelevante que el solicitante pertenezca, o no, a la Junta de Gobierno Local. La garantía legal de confidencialidad es el único contrapeso que el legislador ha considerado necesario y adecuado imponer para equilibrar las exorbitantes potestades de acceso a la información que se garantizan a los miembros de una corporación local. Se reconoce el derecho a obtener copias de la documentación contractual solicitada. Estimar
-
Resolución 442/2022 de 03.06.2022 de la GAIP (reclamación nº 268/2022)
Legitimación activa del reclamante (actuación en representación de una organización sindical); competencia para decidir la presentación de una reclamación. Tarea compleja de elaboración o reelaboración. Abuso de derecho.
-
Sentencia del TS 670/2022, de 2 de junio, sobre derecho de acceso a la información pública
Os enviamos la citada sentencia del Tribunal Supremo en la que, entre otros pronunciamientos, se fija la siguiente jurisprudencia:
1.- Reiteramos el criterio jurisprudencial fijado en la sentencia de 16 de octubre de 2017 (recurso 75/2017), consistente en que la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 de la misma ley, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información.
2.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 de la Constitución, de forma amplia "a todas las personas", sin requerir la acreditación de acreditar un determinado interés, y las disposiciones de la citada ley que integran su título I, referido a la transparencia de la actividad pública, en el que se incluyen las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública y entre ellas el citado artículo 12 de reconocimiento del derecho de acceso a la información pública a todas las personas, son de aplicación a las entidades que integran la Administración Local, por disposición del artículo 2.1.a) de la citada ley.
Además, en el cuerpo de la sentencia se dice expresamente que "en la delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG examinado, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razón del interés privado que las motiven".
Y todo esto sin olvidar el tirón de orejas que el tribunal da al Ayuntamiento afectado por seguir aplicando a estas alturas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para resolver solicitudes de acceso a la información pública. ¡Qué necesaria y urgente es la formación en esta materia!
-
Resolución 480/2022 de 09.06.2022 de la GAIP (reclamación nº 349/2022)
Información sobre la campaña del "Bonus consum". Información en manos de una fundación privada que en cierta forma se puede decir que ejerce funciones públicas o potestades públicas (canaliza subvenciones municipales), presta servicios públicos (de promoción del comercio) y percibe fondos públicos. Hay títulos jurídicos suficientes para que el Ayuntamiento le requiera información sobre sus actividades directamente relacionadas con el ejercicio de funciones públicas, gestión de servicios públicos y percepción de fondos públicos, y quede obligado a entregarla a la reclamante. "La externalización de actividades públicas no puede ser el pretexto para debilitar los requerimientos legales de transparencia y de accesibilidad a la información pública".
-
Guías de acceso a información pública de la Región de Murcia
El Gobierno de Murcia, da cumplimiento al Plan de Gobierno Abierto de la CARM, desarrollando una política integral de fomento del derecho de acceso a la información pública en todos los colectivos afectados: los ciudadanos que deseen solicitar esta información, con especial mención a las personas con discapacidad, y los empleados públicos y autoridades que han de tramitar y resolver sus solicitudes.
Para ello pone a disposición de todos la Guía de acceso a la información para ciudadanos. 48 páginas (pdf, 55 Mb)
Un saludo y nos vamos leyendo!
-
EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MÉXICO (2001-2021)
Artículo de Arturo Miguel Chípuli Castillo publicado en la Revista mexicana de Estudios de Derecho a la Información.
El derecho de acceso a la información pública, en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, se encuentra conformado por múltiples subderechos y obligaciones estatales. Tomando en consideración tales elementos, en el presente trabajo se estudia el grado de incidencia de seis categorías del estándar internacional sobre el citado derecho en el diseño de las políticas de transparencia implementadas para la Administración Pública Federal en el periodo 2001-2021. La hipótesis que se plantea es que, pese a orientarse a la transparencia y el acceso a la información, las políticas en estudio no observan la mayoría de las obligaciones internacionales previstas.
-
Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) R/0984/2021, de 31 de mayo de 2022
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 31/05/2022.
Título: Resolución R/0984/2021.
Breve descripción: Relación de empresas en las que tiene acciones el Presidente del Gobierno. Frente a un derecho de rango constitucional como el derecho de acceso a la información pública únicamente cabe oponer límites que deriven directamente de la Constitución o hayan sido establecidos en una norma con rango de ley. Y, en el presente caso, no se aprecia que exista límite alguno que restrinja el acceso a la información sobre las empresas en cuyo capital social tienen acciones o participaciones los altos cargos de la Administración General del Estado. Antes al contrario, existe un mandato legal de conferir publicidad general al “contenido” de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales, a excepción de aquellos datos que puedan afectar a la privacidad y a la seguridad de sus titulares.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:b5a499c9-534f-490b-9dbf-b608579de2f6/R-0984-2021.pdf -
Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) R/0877/2021, de 4 de mayo de 2022
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 04/05/2022.
Título: Resolución R/0877/2021.
Breve descripción: Datos de las reinfecciones por coronavirus que ha habido en España desde 2021. En lo que respecta a la aplicación del artículo 19.4 de la LTAIBG, que incorpora a nuestro ordenamiento una previsión conocida como la “regla de autor”, si bien resulta evidente que habilita al órgano al que se dirige la solicitud a remitirla a aquél que la haya elaborado o generado en su integridad o en parte principal, su aplicación a un caso concreto no puede realizarse de modo automático sino atendiendo a su finalidad, que no es otra que la de que se tengan en cuenta los derechos o intereses legítimos del órgano autor de la información remitiéndole la solicitud para que sea él quien pondere su eventual afectación y decida finalmente sobre la concesión del acceso.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:77770cfc-f733-42df-baae-7569e4c0dd9c/R-0877-2021.pdf
