El grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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LA REFORMA DE LA REGULACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN ESPAÑA
El IV Plan de Gobierno Abierto ha sido el producto de esfuerzos a todos los niveles y la semilla de un nuevo marco de gobernanza pública más transparente y participativa. Contiene 10 compromisos y más de 100 iniciativas, siendo el primero de los compromisos precisamente la reforma del marco regulatorio de la transparencia, que incluye la aprobación del reglamento de transparencia y la reforma de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Este seminario de especialistas sobre el estado de la legislación y del marco regulatorio de la ley de transparencia y gobierno abierto se celebró en el CEPC el 17 de mayo de 2021, contó con ponencias de la profesora Concepción Barrero (Universidad de Sevilla), el profesor Agustí Cerrillo i Martínez (Universitat Oberta de Catalunya), el profesor Lorenzo Cotino Hueso (Universitat de València), con la investigadora Mónica Martínez López-Sáez (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), el profesor Juli Ponce Solé (Universitat de Barcelona), con la profesora María Zambonino Pulito (Universidad de Cádiz) y con el profesor Javier Bermúdez Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid), que, además, ha sido el coordinador de la actividad.
La presentación de las ponencias y el posterior debate, que se recoge en este volumen, giraron en torno al estado de la legislación en materia de transparencia y buen gobierno y sobre los posibles ejes de reforma de la legislación estatal, mediante la modificación de la Ley o en su caso mediante desarrollo reglamentario.
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El acceso a la información de las Comisiones de investigación en el Derecho español y portugués. La necesidad de transparencia de las actividades parlamentarias
Recientemente, en Portugal, el Supremo Tribunal Administrativo ha desestimado el acceso a una información que el Parlamento portugués tenía en su poder como consecuencia de la actividad fiscalizadora ejercida por una Comisión parlamentaria de investigación. La fundamentación de esta decisión judicial se basa en que la información de la que ha dispuesto la Comisión de investigación no tiene el carácter de documento administrativo a los efectos de la ley portuguesa de acceso a la información, debido a la naturaleza política de las funciones que ejercen estos órganos parlamentarios. A raíz de esta sentencia, nos planteamos cuál sería la solución que se adoptaría si se plantease este caso en nuestro Derecho, es decir, si es posible acceder a la información que han manejado las Comisiones de investigación del Congreso de los Diputados o del Senado.La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) somete a sus disposiciones al Congreso y al Senado, pero con algunas particularidades. Entre ellas, cabe destacar que la LTE se aplica a las Cámaras parlamentarias únicamente con relación a aquellas actividades que realizan con sujeción al Derecho administrativo.Sin embargo, la LTE obliga a que el Congreso y el Senado regulen en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de esta ley, lo que da lugar a la existencia de distintas regulaciones del derecho de acceso a la información en cada Cámara parlamentaria. Esta diversidad normativa afecta al acceso a la información de la que han dispuesto las Comisiones de investigacióndel Congreso y del Senado.
Artículo de Álvaro González-Juliana, publicado en la Revista de Derecho Polçitico, núm. 117 (2023).
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Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) R CTBG 2023-0456 (R/1035/2022), de 9 de junio de 2023
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 09/06/2023.
Título: Resolución R CTBG 2023-0456 (R/1035/2022).
Breve descripción: Lo que se persigue con la solicitud es conocer qué mecanismos ha adoptado un centro directivo para implantar determinadas medidas de mejora. Una solicitud de estas características admite dos posibles respuestas en función de cuáles hayan sido las actuaciones llevadas a cabo por la entidad requerida sobre el particular: o se han implantado medidas de mejora y, por tanto, ha de existir información al respecto; o no se ha adoptado ningún mecanismo de mejora y, en consecuencia, no existe información específica sobre lo actuado. En el primer supuesto se habrá de facilitar la información disponible, en el segundo, lo procedente es responder a la solicitud comunicando que no se dispone de ninguna información al respecto. Lo que en ningún caso cabe es considerar que la respuesta a una solicitud de estas características exige la elaboración de un informe ad hoc.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:b4170228-44f1-44c1-ab94-ea205d083ffc/R%20CTBG%202023-0456%20%5BResoluci%EF%BF%BDn_expte.%20R-1035-2022%5D.pdf -
Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) R CTBG 2023-0507 (expediente 42/2023), de 26 de junio de 2023
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 26/06/2023.
Título: Resolución R CTBG 2023-0507 (expediente 42/2023).
Breve descripción: Declaración de intenciones sobre posibles actuaciones procesales de la Ministra. No tienen cabida en el concepto de información pública aquellas solicitudes de acceso que, como acontece en este supuesto, pretenden obtener una justificación específica de las razones por las que se realizó una actuación y no otra; ni la respuesta a una valoración política de determinadas actuaciones o a críticas o juicios subjetivos de la actuación de los poderes públicos, con independencia de su mayor o menor acierto.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:7729cc38-e22b-4cb6-803f-bbb0ff563870/R%20CTBG%202023-0507%20%5BResoluci%EF%BF%BDn%20expte.%2042-2023%5D.pdf -
Resolución 1050/2022, de 23.12.2022, de la GAIP (reclamación nº 844/2022)
Solicitud de acceso a correos electrónicos electrónicos relativos a un procedimiento de selección de personal. Expediente administrativo y correos electrónicos, art. 70 de la LPAC. Como criterio general los correos corporativos de una administración pública tienen la consideración de información pública; exclusiones.
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Resolución 414/2023, de 25.05.2023, de la GAIP (reclamación nº 65/2023)
Solicitud a empresa municipal de listado de personas que han hecho jornada de mañana y tarde, presencialmente o con trabajo a distancia, con el objetivo de comprobar eventuales irregulariades en la asignación de tiques restaurante. Derecho reforzado de acceso de los representantes del comité de empresa; acceso al registro diario de la jornada laboral de cada persona trabajadora por parte de los representantes de los trabajadores cometidos al ET. Datos personales: criterios de ponderación y de acceso parcial, pseudonimización. Sistema de gestión documental.
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Resolución 382/2023, de 18.05.2023, de la GAIP (reclamación nº 1050/2022)
Empresa municipal; acceso a tablas salariales y relación de puestos de trabajo. Derecho de acceso a la información pública y publicidad activa; si una información es objeto de publicidad activa, la determinación del legislador implica la prevalencia de los intereses públicos favorables al acceso. Derecho reforzado de acceso de los representantes sindicales.
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Resolución 512/2023, de 15.06.2023, de la GAIP (reclamación nº 1165/2022)
Acceso a actuaciones de la Inspección de Trabajo. Secreto o confidencialidad del procedimiento. Régimenes jurídicos especiales de acceso a la información. El principio de transparencia se tiene que aplicar de manera prevalente y sus limitaciones solo pueden derivar de una previsión legal específica que lo establezca expresamente. Información de carácter privado, de contenido económico y de estructura organitzativa de una empresa.
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Resolución 429/2023, de 25.05.2023, de la GAIP (reclamación nº 255/2023)
Contratación pública. Solicitud de un licitador de acceso a la oferta del adjudicatario. Confidencialidad de las ofertas. Se debe dar acceso a la información de la oferta que se refiere a la acreditación de la capacidad técnica, económica y financiera. Aunque el solicitante es un competidor en un mercado reducido, de la información reclamada no se desprendre que se contengan verdaderos secretos comerciales. No es consultable la parte del documento de la oferta que se refiera a información que afecte a datos personales, ni la que contiene información de carácter económico-fiscal y de gestión de la empresa.
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Las obligaciones de transparencia de las Autoridades de protección de datos; un requisito indispensable para su independencia
El derecho fundamental a la protección de datos personales goza de una garantía adicional a los tradicionales mecanismos de garantía de los derechos fundamentales como son las Autoridades de control. Nos centraremos aquí en analizar el porqué de su existencia, su organización y funciones. El objetivo es constatar la necesidad de que estas Autoridades administrativas independientes cumplan con las exigencias de transparencia no sólo por ser Administraciones públicas, sino porque por su especial naturaleza jurídica y su carácter independiente se han convertido en una realidad necesaria en las sociedades actuales, reforzando, en último término, la garantía de derechos fundamentales en el sector que regulan o asesoran, fortaleciendo así nuestros Estados.
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Transparencia pública, genoma y datos genéticos
Las actuaciones sobre el genoma, la información y los datos genéticos presentan riesgos para los derechos fundamentales, incluido el derecho a la protección de datos personales, y para la dignidad y libertad humana. En estas actuaciones destaca la intervención de las administraciones públicas, asi como de entidades e instituciones sujetas a las obligaciones de transparencia. Desde el punto de vista de las obligaciones de publicidad activa y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública prevista en las Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se concluye la necesidad de completar el espacio y el contenido de la transparencia necesaria, siendo objetivo de este trabajo la definición de un marco específico de cumplimiento. Para ello se identifican las singularidades de las actividades que tienen por objeto el genoma humano, la información genética y los datos genéticos en su contexto de uso legítimo, al objeto de definir un espacio específico de rendición de cuentas.
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Transparencia algorítmica en los medios de comunicación y las plataformas digitales
La transparencia algorítmica ha cobrado especial relevancia en el contexto de la información y la comunicación porque la utilización de algoritmos en medios de comunicación y plataformas está absolutamente extendida e integrada en todos sus aspectos. La falta de transparencia sobre el uso de estas herramientas matemáticas unida a las características intrínsecas de los algoritmos ha provocado efectos negativos en el contexto del periodismo como la dificultad de cumplir con su función de perro guardián y de las plataformas contribuyendo a la difusión de desinformación, la censura de contenidos o la explotación ilegal de datos. Por ello, las disposiciones que está adoptando la Unión Europea en materia de transparencia algorítmica constituyen un avance para mitigar los riesgos de la manipulación informativa y garantizar los derechos de los usuarios.
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El conflicto entre la transparencia y la protección de datos tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos
La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos ha supuesto un cambio notable en el marco normativo europeo regulador del derecho fundamental a la protección de datos. En particular, ha conllevado un cierto avance en la regulación del conflicto entre este derecho fundamental y el derecho de acceso a los documentos públicos. El principal objetivo de este trabajo es examinar si es recomendable o incluso exigible que se modifique la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a fin de acomodarla a este renovado marco normativo europeo. A este respecto, el trabajo aporta algunas sugerencias de reforma de la citada Ley que garantizarían su más adecuado encaje con el Reglamento General de Protección de Datos.
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Transparencia, un derecho europeo, y su relación con otros bienes constitucionalmente relevantes
Este artículo analiza el derecho a la transparencia en el marco del Derecho europeo y su relación con los derechos de privacidad y protección de datos. Se examinan las regulaciones existentes y su papel en la promoción de la rendición de cuentas, mientras que se destaca la importancia de equilibrar la protección de la privacidad y la transparencia institucional. Además, se profundiza en el debate sobre la transparencia y el acceso a la información en el Derecho europeo, así como la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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Transparencia algorítmica en el sector público
Estudio publicado por Gobierno Abierto de la Generalitat de Catalunya con un análisis completo de los aspectos de interés sobre transparencia algorítmica. Su autor es Pablo Jiménez Arandia.
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Información Clasificada en Tiempos de Transparencia: un análisis comparado sobre las políticas en materia de secretos oficiales
Uno de los elementos que forman parte del debate actual sobre la calidad de la democracia se vincula con la existencia de determinados ámbitos de actuación de los poderes públicos que por razón de su naturaleza se sustraen a los principios generales de publicidad y transparencia. El debate sobre el acceso a la información pública ha puesto de manifiesto, nuevamente, la regulación sobre los secretos oficiales. El artículo analiza siete países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia, Portugal e Italia) analiza y modeliza su política de información clasificada a partir del estudio de cuatro dimensiones: regulación normativa, órganos de clasificación, parámetros temporales de la clasificación y categorías de tratamiento para determinar si tienden a favorecer la posición institucional o el escrutinio público.
Un artículo de Daniel Casal Oubiña, de la Universidad Rey Juan Carlos, para la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE.
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Resolución relevante del Consejo de Transparencia y Participación sobre viaje Díaz Ayuso a EEUU
Resolución del CTYP sobre un tema relevante.
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Informe del Consejo de la UE sobre acceso a la información pública en 2022
Informe anual 2022 del Consejo sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. -
Reglamento por el que se desarrolla el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Islas Baleares
Decreto 31/2023, de 22 de mayo, por el cual se establece la organización administrativa en materia de transparencia y se desarrolla el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en su sector público instrumental.
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Diseños institucionales para mejorar el desempeño de la infraestructura desde la óptica de transparencia e integridad
Este informe del que es autor Beltrán Gambier para el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece un análisis de un nuevo modelo de institución supervisora de la gestión de las infraestructuras conocido como iBodies, por su sigla en inglés.
La experiencia en aquellos países que poseen iBodies muestra que pueden tener un importante impacto en la promoción de prácticas de integridad, buena gobernanza y transparencia en este sector. Los iBodies también aumentan la probabilidad de que el gasto público en infraestructuras sea realizado siguiendo los mejores estándares internacionales de calidad institucional, y reducen significativamente la posibilidad de comportamientos indebidos.
El presente trabajo analiza los iBodies de Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Asimismo, también se analiza el caso de Canadá que, si bien aún no ha desarrollado su iBody, tiene intención de hacerlo siguiendo las mejores prácticas internacionales. Los países que cuentan con este tipo de entes públicos además muestran buenos resultados en aquellos indicadores que miden calidad de las instituciones, integridad del sector público y respeto por el estado de derecho, conforme a los índices internacionales más confiables.
A partir de estas experiencias, se analiza la naturaleza jurídica de los entes, sus marcos regulatorios, su integración, el modo de designación y remoción de sus funcionarios, los mecanismos de control y las normas de compliance a las que se encuentran sujetos.
En líneas generales, cada país deja enseñanzas que se podrían aplicar a otros contextos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, todos los contratos se publican en plataformas digitales que facilitan el acceso de la ciudadanía. En Australia, se destaca la independencia de los iBodies del poder político, tanto a nivel central como regional. El Reino Unido exhibe una doble estrategia, tiene un iBody para los proyectos regulares mientras que los grandes proyectos se manejan desde el gobierno central, con intervención de la persona a cargo del Ministerio competente. De Canadá se destaca el énfasis en las consultas públicas previo a la aprobación de obras de infraestructura.
En cada caso, se analizan los sistemas de control, tanto estatales como no estatales. Se afirma que las instituciones supervisoras de la gestión de las infraestructuras no son responsables de la realización de las obras y, por lo tanto, el control sobre ellas no es un control de gasto de dinero público sino un control de buena gobernanza e integridad en la gestión de esos procesos.
Por último, se formulan recomendaciones sobre cómo, según las mejores prácticas internacionales, se debería estructurar y hacer funcionar a una institución de este tipo (iBody). Entre ellas, se destaca la independencia de los iBodies del poder político, dado que la exclusión de la injerencia de la política en la labor técnica de los iBodies es esencial para su buen funcionamiento. Se subraya la importancia de privilegiar la excelencia profesional y ética en la selección de las personas que integrarán los órganos de dirección de un iBody. Asimismo, se destaca la necesidad de una cuidadosa regulación de los conflictos de intereses que puedan tener los funcionarios de los iBodies. Se expresa, también, que no puede haber un marco adecuado para la integridad en el funcionamiento de un iBody sin normas de compliance y un sistema de verificación de cumplimiento de las mismas, basado en la transparencia de los procesos y la publicación de todos los contratos y documentos relacionados con la gestión de las obras de infraestructura.
