El grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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Resolución 414/2023, de 25.05.2023, de la GAIP (reclamación nº 65/2023)
Solicitud a empresa municipal de listado de personas que han hecho jornada de mañana y tarde, presencialmente o con trabajo a distancia, con el objetivo de comprobar eventuales irregulariades en la asignación de tiques restaurante. Derecho reforzado de acceso de los representantes del comité de empresa; acceso al registro diario de la jornada laboral de cada persona trabajadora por parte de los representantes de los trabajadores cometidos al ET. Datos personales: criterios de ponderación y de acceso parcial, pseudonimización. Sistema de gestión documental.
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Resolución 382/2023, de 18.05.2023, de la GAIP (reclamación nº 1050/2022)
Empresa municipal; acceso a tablas salariales y relación de puestos de trabajo. Derecho de acceso a la información pública y publicidad activa; si una información es objeto de publicidad activa, la determinación del legislador implica la prevalencia de los intereses públicos favorables al acceso. Derecho reforzado de acceso de los representantes sindicales.
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Resolución 512/2023, de 15.06.2023, de la GAIP (reclamación nº 1165/2022)
Acceso a actuaciones de la Inspección de Trabajo. Secreto o confidencialidad del procedimiento. Régimenes jurídicos especiales de acceso a la información. El principio de transparencia se tiene que aplicar de manera prevalente y sus limitaciones solo pueden derivar de una previsión legal específica que lo establezca expresamente. Información de carácter privado, de contenido económico y de estructura organitzativa de una empresa.
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Resolución 429/2023, de 25.05.2023, de la GAIP (reclamación nº 255/2023)
Contratación pública. Solicitud de un licitador de acceso a la oferta del adjudicatario. Confidencialidad de las ofertas. Se debe dar acceso a la información de la oferta que se refiere a la acreditación de la capacidad técnica, económica y financiera. Aunque el solicitante es un competidor en un mercado reducido, de la información reclamada no se desprendre que se contengan verdaderos secretos comerciales. No es consultable la parte del documento de la oferta que se refiera a información que afecte a datos personales, ni la que contiene información de carácter económico-fiscal y de gestión de la empresa.
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Las obligaciones de transparencia de las Autoridades de protección de datos; un requisito indispensable para su independencia
El derecho fundamental a la protección de datos personales goza de una garantía adicional a los tradicionales mecanismos de garantía de los derechos fundamentales como son las Autoridades de control. Nos centraremos aquí en analizar el porqué de su existencia, su organización y funciones. El objetivo es constatar la necesidad de que estas Autoridades administrativas independientes cumplan con las exigencias de transparencia no sólo por ser Administraciones públicas, sino porque por su especial naturaleza jurídica y su carácter independiente se han convertido en una realidad necesaria en las sociedades actuales, reforzando, en último término, la garantía de derechos fundamentales en el sector que regulan o asesoran, fortaleciendo así nuestros Estados.
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Transparencia pública, genoma y datos genéticos
Las actuaciones sobre el genoma, la información y los datos genéticos presentan riesgos para los derechos fundamentales, incluido el derecho a la protección de datos personales, y para la dignidad y libertad humana. En estas actuaciones destaca la intervención de las administraciones públicas, asi como de entidades e instituciones sujetas a las obligaciones de transparencia. Desde el punto de vista de las obligaciones de publicidad activa y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública prevista en las Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se concluye la necesidad de completar el espacio y el contenido de la transparencia necesaria, siendo objetivo de este trabajo la definición de un marco específico de cumplimiento. Para ello se identifican las singularidades de las actividades que tienen por objeto el genoma humano, la información genética y los datos genéticos en su contexto de uso legítimo, al objeto de definir un espacio específico de rendición de cuentas.
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Transparencia algorítmica en los medios de comunicación y las plataformas digitales
La transparencia algorítmica ha cobrado especial relevancia en el contexto de la información y la comunicación porque la utilización de algoritmos en medios de comunicación y plataformas está absolutamente extendida e integrada en todos sus aspectos. La falta de transparencia sobre el uso de estas herramientas matemáticas unida a las características intrínsecas de los algoritmos ha provocado efectos negativos en el contexto del periodismo como la dificultad de cumplir con su función de perro guardián y de las plataformas contribuyendo a la difusión de desinformación, la censura de contenidos o la explotación ilegal de datos. Por ello, las disposiciones que está adoptando la Unión Europea en materia de transparencia algorítmica constituyen un avance para mitigar los riesgos de la manipulación informativa y garantizar los derechos de los usuarios.
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El conflicto entre la transparencia y la protección de datos tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos
La entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos ha supuesto un cambio notable en el marco normativo europeo regulador del derecho fundamental a la protección de datos. En particular, ha conllevado un cierto avance en la regulación del conflicto entre este derecho fundamental y el derecho de acceso a los documentos públicos. El principal objetivo de este trabajo es examinar si es recomendable o incluso exigible que se modifique la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a fin de acomodarla a este renovado marco normativo europeo. A este respecto, el trabajo aporta algunas sugerencias de reforma de la citada Ley que garantizarían su más adecuado encaje con el Reglamento General de Protección de Datos.
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Transparencia, un derecho europeo, y su relación con otros bienes constitucionalmente relevantes
Este artículo analiza el derecho a la transparencia en el marco del Derecho europeo y su relación con los derechos de privacidad y protección de datos. Se examinan las regulaciones existentes y su papel en la promoción de la rendición de cuentas, mientras que se destaca la importancia de equilibrar la protección de la privacidad y la transparencia institucional. Además, se profundiza en el debate sobre la transparencia y el acceso a la información en el Derecho europeo, así como la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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Transparencia algorítmica en el sector público
Estudio publicado por Gobierno Abierto de la Generalitat de Catalunya con un análisis completo de los aspectos de interés sobre transparencia algorítmica. Su autor es Pablo Jiménez Arandia.
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Información Clasificada en Tiempos de Transparencia: un análisis comparado sobre las políticas en materia de secretos oficiales
Uno de los elementos que forman parte del debate actual sobre la calidad de la democracia se vincula con la existencia de determinados ámbitos de actuación de los poderes públicos que por razón de su naturaleza se sustraen a los principios generales de publicidad y transparencia. El debate sobre el acceso a la información pública ha puesto de manifiesto, nuevamente, la regulación sobre los secretos oficiales. El artículo analiza siete países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia, Portugal e Italia) analiza y modeliza su política de información clasificada a partir del estudio de cuatro dimensiones: regulación normativa, órganos de clasificación, parámetros temporales de la clasificación y categorías de tratamiento para determinar si tienden a favorecer la posición institucional o el escrutinio público.
Un artículo de Daniel Casal Oubiña, de la Universidad Rey Juan Carlos, para la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE.
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Resolución relevante del Consejo de Transparencia y Participación sobre viaje Díaz Ayuso a EEUU
Resolución del CTYP sobre un tema relevante.
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Informe del Consejo de la UE sobre acceso a la información pública en 2022
Informe anual 2022 del Consejo sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. -
Reglamento por el que se desarrolla el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Islas Baleares
Decreto 31/2023, de 22 de mayo, por el cual se establece la organización administrativa en materia de transparencia y se desarrolla el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en su sector público instrumental.
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Diseños institucionales para mejorar el desempeño de la infraestructura desde la óptica de transparencia e integridad
Este informe del que es autor Beltrán Gambier para el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece un análisis de un nuevo modelo de institución supervisora de la gestión de las infraestructuras conocido como iBodies, por su sigla en inglés.
La experiencia en aquellos países que poseen iBodies muestra que pueden tener un importante impacto en la promoción de prácticas de integridad, buena gobernanza y transparencia en este sector. Los iBodies también aumentan la probabilidad de que el gasto público en infraestructuras sea realizado siguiendo los mejores estándares internacionales de calidad institucional, y reducen significativamente la posibilidad de comportamientos indebidos.
El presente trabajo analiza los iBodies de Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Asimismo, también se analiza el caso de Canadá que, si bien aún no ha desarrollado su iBody, tiene intención de hacerlo siguiendo las mejores prácticas internacionales. Los países que cuentan con este tipo de entes públicos además muestran buenos resultados en aquellos indicadores que miden calidad de las instituciones, integridad del sector público y respeto por el estado de derecho, conforme a los índices internacionales más confiables.
A partir de estas experiencias, se analiza la naturaleza jurídica de los entes, sus marcos regulatorios, su integración, el modo de designación y remoción de sus funcionarios, los mecanismos de control y las normas de compliance a las que se encuentran sujetos.
En líneas generales, cada país deja enseñanzas que se podrían aplicar a otros contextos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, todos los contratos se publican en plataformas digitales que facilitan el acceso de la ciudadanía. En Australia, se destaca la independencia de los iBodies del poder político, tanto a nivel central como regional. El Reino Unido exhibe una doble estrategia, tiene un iBody para los proyectos regulares mientras que los grandes proyectos se manejan desde el gobierno central, con intervención de la persona a cargo del Ministerio competente. De Canadá se destaca el énfasis en las consultas públicas previo a la aprobación de obras de infraestructura.
En cada caso, se analizan los sistemas de control, tanto estatales como no estatales. Se afirma que las instituciones supervisoras de la gestión de las infraestructuras no son responsables de la realización de las obras y, por lo tanto, el control sobre ellas no es un control de gasto de dinero público sino un control de buena gobernanza e integridad en la gestión de esos procesos.
Por último, se formulan recomendaciones sobre cómo, según las mejores prácticas internacionales, se debería estructurar y hacer funcionar a una institución de este tipo (iBody). Entre ellas, se destaca la independencia de los iBodies del poder político, dado que la exclusión de la injerencia de la política en la labor técnica de los iBodies es esencial para su buen funcionamiento. Se subraya la importancia de privilegiar la excelencia profesional y ética en la selección de las personas que integrarán los órganos de dirección de un iBody. Asimismo, se destaca la necesidad de una cuidadosa regulación de los conflictos de intereses que puedan tener los funcionarios de los iBodies. Se expresa, también, que no puede haber un marco adecuado para la integridad en el funcionamiento de un iBody sin normas de compliance y un sistema de verificación de cumplimiento de las mismas, basado en la transparencia de los procesos y la publicación de todos los contratos y documentos relacionados con la gestión de las obras de infraestructura.
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Los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública
Compartimos con todos vosotros/as, una nueva tesis sobre una de las materias que más nos atraen, el derecho de acceso a la información pública. La tesis es obra de Beatriz Fernández Moreno, y ha sido dirigida por Isaac Martín Delgado en la Universidad de Castilla-La Mancha.
La tesis doctoral persigue conocer cómo se ha llevado a cabo el proceso de constitución de los órganos de control de la transparencia en el Estado y en las Comunidades Autónomas (CCAA), a partir de la aprobación de la Ley española de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno 19/2013, (LTAIBG) y la implementación de las leyes de acceso a la información en el territorio español; la puesta en funcionamiento del Consejo de Transparencia como un nuevo órgano administrativo, autónomo e independiente, para velar por el cumplimiento y respeto a los derechos contemplados en la misma y la creación de los Consejos, Comisiones y Comisionado en las Comunidades Autónomas, ante los que la LTAIBG y la normativa autonómica, nos invita a acudir para salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública. Comienza con una revisión académica sobre los diversos estudios de la transparencia, presentando el marco conceptual de la misma como valor central en las actuales democracias. Se analiza el marco jurídico centrado en la normativa estatal -antecedentes, características y contenido de la Ley 19/2013, (LTAIBG) y de su reglamento en tramitación-, así como en la regulación de la transparencia en las CCAA. La investigación nos ha proporcionado interesantes resultados, tras el análisis: en primer lugar, un aspecto fundamental de la debida implementación de la normativa en esta materia radica en el establecimiento de estos órganos administrativos "especializados" destinados a supervisar y satisfacer el cumplimiento de la legislación y la resolución de conflictos que surgen entre el derecho de acceso a la información pública y el interés del Estado y CCAA en proteger determinada información, con base en las limitaciones legalmente establecidas. Su diseño y los elementos estructurales de los órganos, revisando su composición, la elección y perfil de sus miembros, así como la suficiencia de recursos humanos y económicos, son factores clave para instrumentalizar su independencia y eficiencia. Finalmente, se expone su eficacia jurídica a través de su actividad. Todo ello nos ha permitido avanzar como conclusiones cuáles son las dificultades y las fortalezas que los consejos, comisiones y comisionado presentan en España, determinando sus logros y las barreras que deberán ir superando para convertirse en verdaderos y eficaces órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública, como condición primera y básica de una nueva cultura de la transparencia y de una democracia que apueste por un verdadero protagonismo de la ciudadanía.
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Sentencia del Tribunal Supremo núm. 547/2023, de 4 de mayo (rec. de casación 1200/20). Las personas jurídicas no son titulares del derecho a la protección de datos personales.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Fundación actora contra la resolución adoptada por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP). El tribunal anulaba parcialmente el contenido de la Resolución 164/2020, sobre el acceso a las sanciones impuestas a residencias de ancianos. El tribunal considera que de la información relativa a la sanción impuesta a la Fundación actora debería haberse excluido su identificación, por tanto, su nombre, la del establecimiento que es titular y su ubicación geográfica. Todo esto de acuerdo con el artículo 23 de la Ley catalana 19/2014 de transparencia, y el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, relativos a la protección de datos.
El Tribunal Supremo considera errónea la interpretación del artículo 15 de la Ley 19/2013 que lleva a cabo el TSJC al extender la aplicación de la normativa de la protección de datos a las personas jurídicas considerándolas titulares de derecho a la protección de datos sin fundamento legal que lo permita.
Declarando, así, la invalidez de la fundamentación jurídica del TSJC en relación con la fundación, el Tribunal Supremo hace una devolución de las acciones a la sala de instancia para que analice la cuestión teniendo en cuenta la doctrina fijada por este tribunal.
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La transparencia como derecho-deber y sus relaciones con el derecho fundamental a ser informado. De nuevo, discrepando
Compartimos el trabajo elaborado por Remedio Sánchez Férriz y pulicado en la revista de la UNED "Teoría y Realidad Constitucional", núm. 51 (2023).
Reflexiona aquí sobre la incidencia de la aplicación de los Derechos Fundamentales en la organización y actuación de los poderes públicos. Se toma como ejemplo el derecho a la información cuya formulación es bien reciente y no es el derecho más estudiado ni mejor comprendido de los que se contienen en el sistema del Título I de la Constitución española. Sin embargo, ha adquirido cierto predicamento con las nuevas normas de transparencia que pueden ser muy efectivas si se vinculan al derecho a la información como fundamento de toda democracia avanzada. Pero el hecho de que la Constitución española haya reconocido junto a tal derecho fundamental, el derecho constitucional de acceso a documentos y archivos administrativos ha generado gran polémica al querer reconocer ambos sin la debida distinción en su estructura y funcionalidad respectiva. Se intenta aquí alguna aclaración al respecto a partir de la significación política y democrática del derecho a la información del que la transparencia sería una técnica más para hacerlo realidad, en el ámbito administrativo, pero sin llegar a agotarlo. El derecho vicario puede nutrirse de la fundamentalidad del derecho a ser informado siempre que el legislador lo regule en tal sentido al menos en algunos supuestos. Pero hasta ahora creo que la doctrina y la legislación están optando por un enfoque más orgánico que dogmático contraviniendo así los principios con que comienza este trabajo y deslizando el problema hacia su administrativización.
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La transparencia en la Administración: la experiencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
La transparencia es una exigencia de todo Estado democrático de derecho, como principio rector de la actuación de la Administración pública y el derecho de acceso a la información pública una de sus principales manifestaciones.
El derecho español ha tardado en hacer efectivo este derecho a través de un desarrollo legal propio, tras incluirse en el Texto Constitucional; y lo ha hecho mediante una ley ordinaria, no como parte de la doctrina que defendía otorgarle el carácter de derecho fundamental. Así, también debe ser vocación política la de contribuir a potenciar los principios y valores de la democracia participativa a través del cumplimiento de la normativa por todo el personal obligado a ello. En análogos términos podemos referirnos a las leyes administrativas, en algunas de las cuales se ha incorporado la transparencia como principio de actuación de la Administración, lo que bien merece que la transparencia se convierta en un objetivo prioritario de todo gestor público.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. María Ángeles Rodríguez Pérez -
El derecho de acceso a la información de interés público sobre personas privadas de libertad en Chile
El trabajo aborda la delimitación del derecho de acceso a la información de interés público en Chile y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia y protección de datos de las personas privadas de libertad. Lo anterior, a partir del análisis de las Decisiones del Consejo para la Transparencia
chileno, entre los años 2009 y 2021, frente a solicitudes de acceso a información vinculada a procedimientos y sanciones. Con ello, buscamos destacar las principales debilidades de la regulación chilena sobre transparencia y control de datos personales de un grupo especialmente protegido por el Derecho, advirtiendo oportunidades de mejora a la luz de estándares fijados por el derecho internacional.
Revista Española de Transparencia, núm. 16. Primer semestre. Enero-junio de 2023. Carmen Droguett y Nathalie Walker
