El grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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El derecho de acceso a la información pública desde el prisma constitucional
Pese a que la ciudadanía, en algunos países de nuestro entorno, ya gozaba en el siglo XX de tímidas medidas para conocer información en poder de las Administraciones y gobiernos, no fue hasta comienzos del siglo XXI cuando en el continente europeo comenzó a surgir el debate de si este derecho de acceso a la información pública debía ser considerado como derecho fundamental y, por tanto, merecedor de la protección que ello conlleva.
En una sociedad, como la nuestra, donde prima el conocimiento, se ha llevado a cabo una transformación normativa que ha permitido acercar la información pública a la ciudadanía, ya sea de forma directa proporcionada por la Administración, o bien, ejerciendo el derecho de acceso reconocido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Quién, cómo y qué regular (o no regular) frente a la desinformación
La respuesta regulatoria frente a la desinformación es compleja tanto por quiénes y cómo deben realizarla, cuanto porque están en juego las libertades de expresión e información de usuarios y también de redes y plataformas. Hay que asumir que muchos fenómenos de desinformación que se quieren evitar tendrán que quedar fuera de la respuesta jurídica. Se afirma que en muchos ámbitos lo mejor es no regular o que hay que evitar que órganos gubernamentales no independientes evalúen o restrinjan los contenidos y puedan orquestar debate político. La Unión Europea establece el marco regulatorio y a partir del mismo actúan y regulan tanto las redes y plataformas cuanto los Estados. Se examinan las políticas, Código de buenas prácticas, futura Digital Services Act y la regulación internacional de la desinformación como operaciones de influencia indebidas. Se consideran positivos los modelos de autorregulación o corregulación como la futura DSA, que puede encauzar e impulsar los actuales esfuerzos voluntarios de las redes y plataformas. También se formulan las líneas de (auto)regulación de la verificación de noticias. En el ámbito concreto español, se describen las inercias que ha habido, la necesidad de mejorar la opaca regulación española de la seguridad de la información aplicable, así como el inconstitucional «decretazo digital». En especial, se analiza la polémica Orden de 2020 y se señalan posibles mejoras de la regulación institucional y orgánica de la desinformación. Finalmente, se tienen en cuenta algunas regulaciones comparadas para el ámbito electoral (sobre operaciones de influencia, retirada judicial de contenidos o deepfakes). Se formulan concretas propuestas de regulación del régimen electoral, también respecto de la publicidad política y protección de datos para plataformas.
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El derecho a conocer los algoritmos utilizados en la toma de decisiones. Aproximación desde la perspectiva del derecho fundamental a la protección de datos personales
El objetivo del trabajo reside en analizar si el derecho fundamental a la protección de datos personales consagrado en el art. 18.4 CE comprende el derecho a acceder a los algoritmos utilizados en la toma de decisiones. El artículo se centra especialmente en las obligaciones de información que el Reglamento General de Protección de Datos impone al responsable del tratamiento, que han suscitado la muy debatida cuestión acerca de si el Reglamento atribuye a los afectados el derecho a obtener una explicación sobre la decisión automatizada.
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Revista Española de Transparencia núm. 14
Accede aquí al archivo completo del número 14 de la Revista Española de Transparencia (1er semestre 2022)
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Panorámica jurisprudencial sobre el derecho de acceso a la información pública en el ámbito europeo
El reconocimiento y alcance del derecho de acceso a la información pública ha seguido sendas distintas en el contexto del Consejo de Europa y en el ámbito de la Unión Europea, si bien, en ambos casos, su interpretación se encuentra inevitablemente vinculada a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respectivamente. En este artículo se analizan las sentencias más significativas —incluyendo algunas muy recientes— en las que ambos órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse delimitando la configuración y los límites al ejercicio del derecho, así como su carácter iusfundamental. El resultado es un derecho de acceso a la información pública cuyo régimen jurídico presenta singularidades propias según se trate del sistema del CEDH o del Derecho de la Unión Europea, pero también ciertas similitudes que, analizadas de forma conjunta, permiten constatar una tendencia jurisprudencial compartida orientada a ampliar el alcance de este derecho.
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Positivización de la transparencia a través de la teoría dimensión de derechos: una visión comparada
El artículo analiza el marco legal de la transparencia vigente en América Latina, promulgado sobre un debate doctrina respecto a la doble dimensión de la transparencia, positivizada como derecho y principio de administración importancia para la institucionalidad democrática y su relación con el gobierno abierto. Conforme a ello, se legal dualista, que dé cabida al contenido esencial normativo para el efectivo y real disfrute de derechos dimensiones de un mismo derecho no limitada al reduccionismo de una norma declarativa, ni a la buena Finalmente, el texto logra explicar cómo las normas de la transparencia presentan un contenido normativo obstaculizar prácticas de gobernabilidad democrática para avanzar del Estado cerrado hacia el gobierno importancia para abrir ventanas de la sala de máquinas de la administración pública.
Lorayne Finol Romero es Académica Investigadora de la Facultad de Derecho y Humanidades en la Chile. El artículo se publicó en el número 59 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel)
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Transparencia y contratación pública
Quaderns Lux. Núm. 1: Transparencia y contratación pública, por Concepción Campos Acuña.
Quaderns Lux es una colección de monografías para difundir artículos en profundidad sobre aspectos concretos del ámbito de la transparencia, la integridad pública y el buen gobierno elaborados por académicos y profesionales expertos en aquellas materias.
El primer número de esta colección es un artículo de Concepción Campos Acuña titulado “El papel de la transparencia en la contratación pública como valor de integridad” .
“La contratación pública se presenta como uno de los ejes vertebrales de la gestión pública y requiere una visión estratégica, en cuanto a su carácter instrumental al servicio de las políticas públicas, por lo que debe configurarse como contratación pública socialmente responsable, al servicio de la innovación, transparente y orientada hacia la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Esa contratación, para responder adecuadamente a la finalidad instrumental que permite alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tiene que ser una contratación íntegra, centrada en la defensa del interés público, en un entorno complejo con múltiples intereses económicos convergentes, y para ello la transparencia es una característica imprescindible para preservar esa integridad, así como para facilitar un sistema de banderas rojas (red flags) que permita detectar no solo los incumplimientos que deriven en responsabilidades de todo tipo, sino también aquellas irregularidades que produzcan ineficiencias en la utilización de los recursos públicos, en contra de los postulados del buen gobierno y la buena administración.”
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Transparencia, buenas prácticas y gestión de la calidad en la actividad de la Administración Pública gallega
Este artículo analiza la regulación gallega con respecto a la trasparencia, buenas prácticas y calidad en su Gestión Pública para clarificar su alcance, sus efectos y el grado de puesta en práctica
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: EL DESAFÍO DE UNA SOCIEDAD GUIADA POR LA TRANSPARENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
En este estudio se abordarán dos de las vertientes de derechos vinculados a la información,
el derecho de la información y el derecho a la información, para finalizar con la formulación de unas
conclusiones que, distanciándose de un mero resumen, persiguen incentivar el debate doctrinal y
político sobre presupuestos que, hallándose pacíficamente asentados, convendrá reformular a la luz de la
reiterada crisis de la transparencia. Para ello, se articulará abordando, en primer lugar, los aspectos más
significativos del derecho de la información y su vinculación con el derecho a la libertad de expresión, así
como a los nuevos retos que se enfrentan estos derechos en la era digital, para seguidamente analizar
el derecho a la información, su regulación en el ordenamiento jurídico español y el debate doctrinal en
torno a su consideración como derecho fundamental. Como último punto de esta contribución, se hará
mención expresa a la transparencia desde la perspectiva de la información política. -
ADMINISTRACIONES INTELIGENTES Y ACCESO AL CÓDIGO FUENTE Y LOS ALGORITMOS PÚBLICOS. CONJURANDO RIESGOS DE CAJAS NEGRAS DECISIONALES
Autor: María Estrella Gutiérrez David
Fecha: Marzo-Septiembre 2021
El artículo analiza en qué medida el uso de sistemas de inteligencia Artificial (IA) por parte de las Administraciones públicas debe ser transparente y garantizar que los ciudadanos comprenden cómo y por qué se han adoptado las decisiones algorítmicas que les afectan individual o colectivamente. Existe una doctrina bien asentada de las Autoridades de transparencia que considera que código fuente y los algoritmos utilizados por la Administración constituyen «información pública». Partiendo de esta premisa, la casuística comparada e interna del derecho de acceso a la información posibilita identificar algunos de los riesgos inherentes al uso de estos sistemas de IA por parte de las Administraciones: reglamentación oculta y errores; existencia de black boxes decisionales; sesgos embebidos y vulneraciones de derechos y libertades. Sin perjuicio de los eventuales límites legales que puedan concurrir (e.g. seguridad pública, propiedad intelectual e industrial), analizados en este trabajo, existe cierto consenso en que el derecho de acceso no siempre garantiza una total transparencia y comprensibilidad del proceso de toma de decisiones mediante sistemas de IA, especialmente, cuando estos utilizan modelos de black box. Es más, la noción misma de un black box como incapacidad de entender los resultados producidos por un sistema algorítmico comienza a ser expansiva, en el sentido de que el análisis de la casuística, ahí donde el acceso al código fuente de algoritmos deterministas es objeto de litigio, evidencia que ni los afectados por la decisión ni el juez son capaces de entender cómo el sistema llegó a tal decisión. Se constata, por último, que no existe una coincidencia exacta entre el significado técnico de la transparencia algorítmica manejado por la XAI y el significado jurídico de la transparencia administrativa propio del iuspublicismo. Lege ferenda, y a fin de garantizar una adecuada interpretabilidad, explicabilidad y justificación de las decisiones públicas adoptadas o apoyadas en sistemas de IA y el escrutinio público de las mismas, la legislación de transparencia debería determinar la información relevante que podría ser objeto de publicidad activa o del derecho de acceso e incorporar obligaciones de producción, conservación y registro de la documentación técnica relativa al ciclo de vida de tales sistemas.
URL: http://www.derecom.com/secciones/articulos-de-fondo/item/download/411_6141b7998e1471e9b179a2b00c9f527a -
La eficacia de la normativa sobre transparencia. Percepciones de los responsables municipales en España
Las leyes de transparencia estatal y en muchos casos autonómicas, llevan poco tiempo implantadas en la Administración local española, lo que no impide evaluar su impacto hasta la fecha en toda una serie de terrenos clave, como son la eficacia y eficiencia de la Administración, la lucha contra la corrupción, la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas, o la mejora de la organización de la información municipal, entre otros ámbitos. Este es el objetivo de este trabajo, que utiliza como técnicas de investigación una encuesta a una importante muestra de municipios españoles (339), de tamaños diversos y encuadrados en todas las CC.AA, así como entrevistas semi-estructuradas en profundidad a responsables políticos y técnicos de la transparencia. El estudio constata valoraciones relativamente modestas de los efectos de la normativa de transparencia en relación a todas las consecuencias analizadas, que son todavía menores con respecto a algunos de sus efectos más buscados, como la lucha contra la corrupción, o la promoción de una mayor participación ciudadana, salvo en los ayuntamientos de mayor tamaño, donde el grado de cumplimiento de la ley por parte de la administración y el interés de la ciudadanía por la información son mayores.
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La implementación de las políticas de transparencia en los municipios españoles de mayor población ¿path dependency o shock institucional?
Los gobiernos locales de España han implementado normativas diversas, nacionales y autonómicas, de transparencia en los últimos años. Todo el acervo normativo aprobado establecía principios e imponía obligaciones de índole muy diversa al conjunto de entes públicos, entre ellos los más de 8.000 ayuntamientos. Este trabajo se interesa por el proceso de implementación de la(s) normativa(s) de transparencia en los gobiernos locales españoles de mayor población. Concretamente, se plantea hasta qué punto esta normativa ha impulsado el cambio organizacional e institucional en los entes locales y el nivel de desempeño en términos de publicidad activa. Mediante un cuestionario específico dirigido a los municipios de mayor población y el análisis de las páginas web de los ayuntamientos, obtenemos información sobre el proceso y el nivel de implementación efectiva. En este artículo discutimos sobre dos factores determinantes para comprender el proceso de implementación: la existencia de path dependency interna o el establecimiento de normativa y obligaciones legales. Los resultados apuntan hacia una explicación y efectos combinados de la existencia de normativa específica y la aplicación anticipada de la transparencia, tanto para el nivel de cumplimiento de ésta como para el cambio institucional provocado.
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Las obligaciones de transparencia de los sujetos privados en la protección de intereses públicos
A través del estudio llevado a cabo para la realización de la presente tesis doctoral titulada “Las obligaciones de transparencia de los sujetos privados en la protección de intereses públicos” se pretende determinar con exactitud el juego de obligaciones que el entramado de agentes privados -no públicos- que a día de hoy pululan en torno a la Administración prestando servicios públicos, desarrollando potestades o funciones administrativas, o colaborando en su ejercicio, tienen en materia de transparencia pública. Para ello, en el trabajo se examinan las diferentes gradaciones e intensidades con las que la legislación somete a estos sujetos a esas obligaciones, procurando explicarlas, compararlas, identificar a qué se deben y, en última instancia, proponer la lógica que se sigue para realizar la graduación dependiendo de los intereses públicos en conflicto y realizar sugerencias de lege ferenda que otorguen de mayor consistencia y coherencia el régimen normativo general en el que estas obligaciones se articulan. El devenir acontecido por los procesos de externalización de funciones públicas, así como la liberalización de sectores tradicionalmente públicos han supuesto una reconfiguración del ámbito material y subjetivo del Derecho administrativo, que ha pasado de ser un Derecho de las Administraciones públicas -tanto en lo que se refiere a la relación de los individuos con el poder público a través de procedimientos administrativos, como en su organización y funcionamiento- a un Derecho que recoge la participación de nuevos sujetos en la realización de funciones públicas y que incide en el ámbito privado a través de nuevas manifestaciones menos rígidas y de carácter más general, ya sea con una labor de normación o de control. De igual manera los mecanismos de prohibición han sido comúnmente sustituidos por los de control, entre los que la transparencia ha adoptado un papel protagonista como factor garante de los intereses públicos en la realización de actuaciones cuyo correcto desempeño debe ser legítimamente exigido por los ciudadanos, en tanto que su inobservancia podría afectarles de forma negativa. Mediante el presente estudio se trata de aportar una teoría unitaria del tratamiento jurídico de tres tipos de sujetos -las entidades privadas que reciben financiación pública; los sujetos que ejercen funciones o potestades administrativas; y los prestadores de servicios públicos- a partir de las previsiones de los arts. 3 y 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ampliados en sus ámbitos competenciales en las respectivas leyes autonómicas que se han ido aprobando en la materia. El trabajo se inicia con un estudio inicial de la transparencia en su conjunto que pretende dar a conocer qué medidas de transparencia pública existen, su proyección sobre los sujetos privados, y las funciones a las que responden. A continuación, se analizan los problemas derivados de la concepción estatutaria que siguen las normas jurídico-administrativas, identificando los costes y beneficios que supone la transparencia en su aplicación a los agentes que forman parte del ámbito de aplicación de la tesis, así como apuntando sus puntos de intersección con otros intereses en conflicto (autonomía privada, confidencialidad empresarial…). Dicho análisis pormenorizado de la regulación de cada uno de los sujetos concernidos es realizado con el propósito de extraer conclusiones acerca de cómo estas medidas afectan a la participación en la toma de decisiones de los operadores privados y si el régimen es adecuado para dar una respuesta efectiva a la protección de intereses públicos que pretende la transparencia. Y finalmente, se va analizando cómo se articula en la normativa la extensión de las obligaciones de transparencia pública a los sujetos privados que integran el ámbito de aplicación de esta tesis. Todo ello, con el objetivo final de alcanzar una serie de propuestas de mejora en la regulación y criterios orientadores al legislador que serán de utilidad para justificar la procedencia de extender las obligaciones de transparencia administrativa a sujetos privados en atención a los intereses públicos que manejan, así como el modo en que hacerlo.
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: EL DESAFÍO DE UNA SOCIEDAD GUIADA POR LA TRANSPARENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
En este estudio se abordarán dos de las vertientes de derechos vinculados a la información,
el derecho de la información y el derecho a la información, para finalizar con la formulación de unas
conclusiones que, distanciándose de un mero resumen, persiguen incentivar el debate doctrinal y
político sobre presupuestos que, hallándose pacíficamente asentados, convendrá reformular a la luz de la
reiterada crisis de la transparencia. Para ello, se articulará abordando, en primer lugar, los aspectos más
significativos del derecho de la información y su vinculación con el derecho a la libertad de expresión, así
como a los nuevos retos que se enfrentan estos derechos en la era digital, para seguidamente analizar
el derecho a la información, su regulación en el ordenamiento jurídico español y el debate doctrinal en
torno a su consideración como derecho fundamental. Como último punto de esta contribución, se hará
mención expresa a la transparencia desde la perspectiva de la información política. -
Buenas prácticas de Parlamento abierto y transparencia legislativa
Los congresos latinoamericanos comparten realidades y amenazas políticas que los hacen similares en idiosincrasia y estructura institucional, bajo gobiernos presidencialistas, con problemas de corrupción estructural, y de control de fuerzas políticas institucionalizadas y externas que afectan su funcionamiento. En este libro analizamos las prácticas de Parlamento abierto que han sido incorporadas en diversos países de la región, identificando especialmente acciones que caben dentro de las cuatro dimensiones del modelo de Parlamento abierto y que representan experiencias valiosas y creativas. Aunque el énfasis está puesto en los avances registrados en congresos de América Latina, también se incorporan experiencias puntuales registradas en países de América del Norte, Europa, Asia y Oceanía, para ofrecer una visión global de la idea de Parlamento abierto. El objetivo es difundir dónde se han concentrado los esfuerzos, para conocer qué aspectos presentan mayores desarrollos y cuáles han sido menos abordados.
El libro se estructura de la siguiente manera. En el apartado I, se aborda brevemente la problemática de la desconfianza en las instituciones representativas, que ha llevado a que se plantee la existencia de una crisis de representación, y que brinda el marco en que surgieron los planteos de Parlamento abierto, en el contexto del comportamiento y la cultura de los legisladores mexicanos en relación con la transparencia y la rendición de cuentas. El apartado II presenta una somera presentación teórica de las principales dimensiones del Parlamento abierto, y la base de un modelo con elementos mínimos de apertura. A continuación, el apartado III expone una selección de buenas prácticas desarrolladas por los congresos de países latinoamericanos; y el apartado IV aborda experiencias puntuales del resto del mundo. Para concluir, en el apartado V se presentan algunas reflexiones finales que permiten analizar las tendencias expuestas en los casos presentados para identificar en cuáles de las dimensiones se encuentran los mayores avances, es decir, en qué concentran su atención los congresos analizados y se proyectan algunos de los desafíos para el caso mexicano.
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¿QUÉ CONDICIONES FAVORECEN UNA TRANSPARENCIA PÚBLICA EFECTIVA? ARTÍCULO DE REVISIÓN
Artículo doctrinal de Manuel Villoria publicado en Revista de Estudios Políticos, 194, 213-247 (2021).
Los estudios sobre transparencia pública han florecido en las últimas tres décadas, pero las revisiones comprehensivas de las investigaciones sobre el tema han sido limitadas, especialmente en español. Ello debilita las posibilidades de comprensión del fenómeno y dificulta el avance de las prácticas existentes. Para reducir este vacío, este artículo trata de, en base a una revisión exhaustiva de literatura, dar respuesta a preguntas como: (1) ¿Cómo ha sido definida y conceptualizada la transparencia en la literatura?; (2) ¿Qué condiciones favorecen que las políticas de transparencia tengan impactos positivos? Los resultados nos muestran que existen diversas condiciones y factores endógenos (controlables mediante el diseño de la política de transparencia) para explicar la calidad de los outputs y de los procedimientos vinculados a la transparencia, y que son requisitos necesarios, pero no suficientes, para los impactos deseados. Las condiciones exógenas (no controlables mediante estos diseños) se articulan en cinco grupos: sociales, institucionales, estructurales, políticos y económicos. En general, parecen coincidir en que sociedades con confianza institucional previa, políticas educativas y sanitarias de calidad y Administraciones meritocráticas son claramente más proclives a tener una transparencia efectiva y, con ello, una mejor gobernanza. Concluimos con reflexiones sobre vías futuras de investigación. -
LA INELUDIBLE MONITORIZACIÓN PÚBLICA Y CIVIL DE LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA EN ESPAÑA
Artículo de María Díez Garrido publicado en Revista de Estudios Políticos, 194, 189-211 (2021).
España cuenta con una escasa cultura de la transparencia, por lo que la «Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno» tardó en llegar más que en otros países. Desde entonces, ha habido un esfuerzo por parte de las instituciones públicas por abrir portales de datos accesibles. En este contexto, la evaluación de la transparencia se vuelve necesaria para asegurar que se cumple el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y para asegurar que esta sea de calidad. En España, existen modelos muy diferentes de monitorización de la transparencia. Desde el punto de vista público, está el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y los diferentes comisionados de transparencia puestos en marcha en algunas comunidades autónomas. Por otro lado, existen diversos índices de transparencia que evalúan con indicadores la información publicada por las instituciones. En este artículo, estudiaremos la situación actual de la evaluación de la transparencia en España, analizaremos los fallos y destacaremos mejoras necesarias en este sistema.
