El grupo de trabajo de acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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Documentos Lista
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Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) R CTBG 2023-0927 (expediente 1613-2023), de 3 de noviembre de 2023
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 03/11/2023.
Título: Resolución CTBG 2023-0927 (expediente 1613-2023).
Breve descripción: No puede desconocerse que, con arreglo a su propia naturaleza, los planes de la Administración establecen objetivos concretos y programan medidas específicas para alcanzar tales objetivos, incluyendo su previsión temporal y presupuestaria. Los planes así concebidos, como una forma más de actuación de las administraciones públicas en diversos ámbitos, no pueden considerarse en ningún caso un documento de trabajo interno sin relevancia en las decisiones que adopta la Administración en un determinado ámbito. Tanto es así que el artículo 6.2 LTAIBG incluye expresamente entre las obligaciones de publicidad activa a este tipo de instrumentos de planificación.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:3df38369-3a5d-4fc8-8534-160f80e09446/R%20CTBG%202023-0927%20%5BResoluci%EF%BF%BDn%20expte.%201613-2023%5D.pdf -
El derecho de acceso a la información sobre destinatarios concretos de los datos personales
Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-154/21, por Esther de Alba Bastarrechea. Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 45, 2023.
La sentencia comentada interpreta el derecho de acceso de los interesados a conocer los destinatarios concretos de sus datos en el caso de que hayan sido comunicados a terceros. Es preciso distinguir la obligación de informar sobre el tratamiento de los datos por parte del responsable del derecho de acceso por pare del interesado. Solo este derecho de acceso a los destinatarios concretos permite el ejercicio de otros derechos en materia de protección de datos. El Tribunal de Justicia, no obstante, aprecia dos limitaciones a este derecho: por un lado, que sea materialmente imposible satisfacerlo y por otro, que el ejercicio del derecho no sea manifiestamente infundado ni excesivo, extremos que corresponde acreditar al responsable del tratamiento.
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Resolución 1216/2023, de 21.12.2023, de la GAIP (reclamaciones nº 320/2023 y 476/2023 acumuladas)
Solicitud de registros de velocidad de radares de un municipio con los siguientes datos: localización, velocidad registrada, día y hora, identificador anonimizado del vehículo. Tarea compleja de elaboración o reelaboración a partir de información existente en una o más bases de datos. Características de las bases de datos. Posible perjuicio para la seguridad vial.
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Tribunal de Cuentas. Guía para la Fiscalización del Principio de Transparencia
Autor: Tribunal de Cuentas.
Fecha: 08/01/2024.
Título: Guía para la Fiscalización del Principio de Transparencia.
Breve descripción: el Tribunal de Cuentas ha aprobado una Guía para la Fiscalización del Principio de Transparencia, con el objetivo de proporcionar herramientas para determinar qué aspectos de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno deben ser analizados, así como las comprobaciones y pruebas a realizar durante la fiscalización. Estas comprobaciones se centrarán en los capítulos de la ley que hacen referencia a la publicidad activa y al derecho de acceso a la información pública.
URL: https://www.tcu.es/export/sites/default/.galleries/pdf/NormasManuales/TCu_guia-Objetivo-Transparencia.pdf -
Transparencia y Cuarto Poder en España. Valor del acceso a la información para el periodismo y contra la desinformación
Artículo de María Díez Garrido, para Doxa Comunicación Revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales, num. 38 (enero-junio de 2024).
Desde que se aprobó en España la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el periodismo ha aprovechado las herramientas que esta norma ofrece de diversas maneras. Sin embargo, existen escasos estudios que aborden la relación entre la transparencia y el periodismo. Esta investigación aspira a conocer si el estado actual de la transparencia en España es adecuado para el ejercicio del periodismo, así como a descubrir la utilidad de estas herramientas en el ejercicio del Periodismo de Datos y en la lucha contra la desinformación. Asimismo, busca conocer las principales necesidades de los periodistas en una posible reforma de la normativa. Para ello, se ha elaborado una metodología Delphi, que ha contado con las valoraciones de diez especialistas en la materia, tanto desde el punto de vista académico, como del profesional, es decir, periodistas especializados. Se han llevado a cabo dos rondas de cuestionarios, la primera, para conseguir información relevante sobre esta temática, y la segunda, para lograr un consenso entre las personas especialistas. Los resultados evidencian la necesidad de reformar la normativa y la utilidad de la transparencia para verificar y contrastar bulos. Asimismo, resulta necesario formar a los periodistas en transparencia.
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Influencia de la e-transparencia sobre la e-democracia en sitios web de gobierno municipal de las ciudades capitales de América
Artículo publicado en la Revista "Razón y Palabra", vol. 27, núm. 117 (mayo-agosto 2023), por Ángel Páez de la Universidad de Boyacá, María Isabel Neüman de la Universidad del Zulia y Carlos Solano de la Universidad de Boyacá.
Sin transparencia en la gestión gubernamental, es imposible la participación. Entendemos la transparencia como un valor sumamente importante para los gobiernos, pues con ella pueden ganarse el apoyo de los electores al mismo tiempo que se propicia la legitimación del poder público. Según afirma Marván (2005), si el acceso a la información significa poner a disposición pública los documentos del Estado, la transparencia consiste en la sistematización de dicha información básica a través de medios electrónicos, en este caso el de Internet. Evidenciar la transparencia en Internet es factible a través de sitios con contenidos claros y precisos para ser aprehendidos por la ciudadanía, de fácil acceso que incentiven acciones como el comercio, la industria, cumplimiento con el fisco, etc. (Crucianelli, 2007). Igualmente, con la facilidad del acercamiento al ciudadano por medio de la interface gráfica clara del sitio que provea de contenido optimizado y que facilite la interacción gobierno – ciudadano, sin que éste último se sienta desorientado. A partir de la premisa sobre la condición de la transparencia web para poder desarrollar mecanismos democráticos en los sitios de gobierno municipal, se formularon dos objetivos en el reporte de investigación presentado en este artículo. El primero fue mostrar resultados descriptivos respecto a los indicadores de e-transparencia y e-democracia; el segundo, medir la influencia de la e-transparencia sobre la e-democracia.
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La relación entre la transparencia local y las variables socioeconómicas y políticas. El caso de las Islas Canarias
Artículo publicado en la Revista "Rendición de cuentas". Año 1, núm. 2, por José Luis Ros-Medina y Alejandro Mañogil Ros.
Este artículo analiza, en base a los datos del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de 2020, la relación que la transparencia activa local tiene con otras variables sociales, demográficas, económicas y políticas de gran importancia. El objetivo es conocer qué condiciones sociales alientan o desalientan el desarrollo de la transparencia pública. En nuestro estudio, además de las variables consideradas, nos hubiese gustado emplear otras, sobre todo las relativas al capital social existente en los municipios canarios, como el nivel de asociacionismo, la donación de órganos, etcétera, pero estas variables no se encuentran disponibles en las bases de datos consultadas. Los resultados arrojan que no hay diferencias significativas entre los municipios canarios con distintas variables políticas o económicas en cuanto a su nivel de transparencia activa, por lo que futuros estudios deben seguir investigando para encontrar otro tipo de variables independientes que tengan un impacto significativo en el desarrollo de la transparencia local.
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Nuevo número de la Revista "Estudios en Derecho a la Información" (1er semestre 2024)
La Revista de Estudios en Derecho a la Información es una publicación semestral cuyo objetivo es funcionar como espacio que permita difundir investigaciones académicas realizadas en el marco de las ciencias sociales en general, y del derecho en particular, cuya temática central sea el derecho a la información, así como diversas temáticas cercanas: rendición de cuentas, libertad de expresión, regulación de medios y telecomunicaciones, protección de datos, transparencia, sistemas de acceso a la información, mecanismos de conservación de archivos, por mencionar algunos.
En este número podéis encontrar los siguientes artículos:
Transparencia y gobernanza. Indicadores de la calidad de la democracia en la colaboración de Fundar en la política de transparencia, por Héctor Eduardo Soto Guerrero
Eficacia institucional de los organismos independientes pro-rendición de cuentas: el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por José Cárdenas Sánchez y María Gabriela Gildo de la Cruz
Guía metodológica para el uso de minería de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, por Eva Grissel Castro Coria y Pamela Ruiz Flores López
Agenda 2030, hacia instituciones fuertes y transparentes. El caso de los municipios de Oaxaca y el objetivo 16, por Christian Cruz-Meléndez y Antonio de Jesús Vásquez Bohórquez
Relaciones interinstitucionales para el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas en México, por Javier Merino Delgado Rosalinda Arriaga Navarrete
La economía de la ley de publicidad de México de 2021, por Gabriel Martínez
El derecho a la información climática en México, por Diego Aarón Gómez Herrera
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El valor fundamental del derecho de acceso del artículo 105 b de la CE y su relación con la transparencia algorítmica
No se le oculta a nadie que el uso normalizado de la inteligencia artificial y de los algoritmos han impactado, por lo general, positivamente en la vida del ser humano. Suponen un plus de eficacia y de eficiencia en las labores desarrolladas tanto por los entes públicos como privados. Su capacidad in crescendo en materia de predicción, análisis y evaluación, en diferentes sectores de la vida, son innegables en cuanto suponen una mejora del bienestar individual y colectivo apuntado por la Constitución. En este contexto se insiste en la falaz auto-referencialidad de los procesos tecnológicos evitando de este modo cualquier tipo de control valorativo sobre los mismos, y por ende la posibilidad de someterlos al escrutinio público. Argumento funcional o útil en términos pragmáticos ya que puede surtir efectos ante los interlocutores reales o potenciales, pero en absoluto puede considerarse como racional ya que anula cualquier condición de la comunicación misma y en consecuencia de la argumentación. El derecho de acceso al algoritmo y a su código fuente tiene sobrada apoyatura en la norma fundamental. Ante el retraso del legislador en regular de modo cabal el uso de esta tecnología reconociendo nuevos derechos, la labor interpretativa que pueda realizarse en sede judicial y/o doctrinal no resultaría a nuestro juicio ayuna de razón ni huérfana de antecedentes que la sustenten. Una interpretación finalista del derecho de acceso permite sostener la conexión dable entre el derecho de acceso a los algoritmos y el derecho a libertad de información en cuanto su ejercicio haría más transparente el Estado.
Artículo de Abdelhamid Adnane Rkioua, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, publicado en la Revista Internacional de Pensamiento Político - I Época - Vol. 18 - 2023
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Visión de la ciudadanía española de la transparencia y media accountability en la era de la desinformación
El trabajo analiza la percepción de la ciudadanía española sobre los mecanismos de rendición de cuentas de los medios de comunicación, que permiten conocer el grado de cumplimiento de valores como la transparencia y la veracidad informativa, en esta era de la desinformación. Mediante la triangulación de métodos cuantitativos y cualitativos, esta investigación recoge el sentir de los ciudadanos que participaron en los focus group realizados en seis comunidades españolas, donde se reflexiona sobre la ética del periodismo y la utilidad de los siguientes instrumentos de media accountability: asociaciones de espectadores, sindicatos de periodistas, blogs editoriales, botones de notificación de errores, cartas al director, chats con la audiencia, códigos éticos, colegios de periodistas, consejos audiovisuales, consejos de prensa, defensor del lector y páginas de transparencia corporativa en las webs de los medios. Los resultados reflejan críticas de la audiencia cuando detecta ausencia de objetividad en los medios. Como conclusión, destaca que la transparencia es el valor más deseado, junto con el desconocimiento de algunos mecanismos de participación destinados a mejorar la calidad del periodismo.
María del Carmen Castelo Blasco
Dory Merino ArribasRevista Española de la Transparencia, 18 (2023)
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Transparencia activa inclusiva en los Ayuntamientos españoles Diagnóstico y condicionantes exógenos de la e-accesibilidad
El estudio de la transparencia activa desde un enfoque inclusivo es una novedosa línea de investigación poco desarrollada hasta el momento en el ámbito académico. Por ello, el artículo realiza una aproximación a los portales de transparencia de los Ayuntamientos españoles que son un referente en materia de publicidad activa para cumplir dos objetivos: conocer si favorecen (o no) el acceso de las personas con discapacidad al entorno digital; y detectar los factores exógenos que influyen en el desarrollo de la e-accesibilidad. Para medir el nivel básico de accesibilidad (nivel A), el marco analítico se compone de cuatro criterios (perceptibilidad, operabilidad, compresibilidad, robustez/fiabilidad) y dieciséis indicadores. Para identificar los condicionantes de la transparencia activa accesible, se realiza un análisis bivariado, aplicando técnicas estadísticas de carácter descriptivo e inferencial con pruebas no paramétricas. Grosso modo, los resultados del estudio permiten verificar dos cuestiones. Primera, la gestión de la transparencia activa desde una óptica de diseño inclusivo todavía es una asignatura pendiente en los gobiernos locales españoles, debido a que no se garantiza la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso al entorno digital, incumpliéndose, así, los requerimientos de la legislación tanto de transparencia como de accesibilidad de sitios web. Segunda, que los factores estructurales, sociodemográficos y económicos determinan, en mayor o menor medida, el nivel de accesibilidad de los portales municipales de transparencia analizados.
Gema María Pastor Albaladejo
Gema Sánchez Medero
Universidad Complutense de MadridRevista Española de la Trasparencia, 18 (2023)
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La necesidad de “reelaboración de la información” Una causa de inadmisión precisada aún de aclaración
Este estudio tiene por objeto el análisis actualizado de la interpretación de las autoridades independientes de control sobre la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno. Concretamente se propone valorar y enjuiciar en qué medida la interpretación establecida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo 7/2015, en la base además de la doctrina de las entidades autonómicas, se ha visto afectada y, en su caso, con qué alcance, por las Sentencias del Tribunal Supremo, y alguna de la Audiencia Nacional, sobre esta causa de inadmisión dictadas a partir de 2020.
Concepción Barrero. Revista Española de la Transparencia, 18 (2023)
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La naturaleza del derecho de acceso a la información pública
Desde hace décadas se debate a nivel mundial en el plano judicial y doctrinal sobre la naturaleza del derecho de acceso a la información pública. En la actualidad, puede hablarse de una decantación mayoritaria hacia su consideración como derecho fundamental, sea autónomo, en las cartas de derechos fundamentales más recientes, sea como parte del contenido de la libertad de información, en las más veteranas. De ello damos cuenta en la primera parte de este trabajo, poniendo especial atención en las conclusiones extraídas del Derecho internacional y europeo, pues, conforme dispone el artículo 10.2 de la Constitución Española, “las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España”. Prestaremos especial atención a la nueva jurisprudencia sobre el tema emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En España, el debate, tanto a nivel político como doctrinal, ha sido particularmente intenso, muy especialmente a partir de la tramitación, aprobación y entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También nuestros tribunales internos se han pronunciado al respecto.
Sobre ello se reflexiona en la segunda parte de este trabajo para llegar a unas conclusiones sobre la naturaleza del derecho de acceso y la dificultad del encaje entre la dogmática tradicional de la libertad de información y el derecho de acceso a la información en la sociedad tecnológica en la que vivimos.
Revista Española de la Transparencia, 18 (2023)
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Criterio 1/2023, de 16 de noviembre, de la GAIP
Criterio sobre la publicidad activa de los enunciados, plantillas de corrección de los exámenes y otros criterios de valoración de los procesos selectivos
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Midiendo la rendición de cuentas de la acción de gobierno: un análisis de las comunidades autónomas
La rendición de cuentas se ha incorporado a la agenda de muchas Administraciones públicas que están impulsando iniciativas para tratar de explicar y justificar sus actuaciones a la ciudadanía, más allá de los mecanismos de rendición de cuenta tradicionales como las elecciones. En este trabajo, se revisa el concepto de rendición de cuentas y se propone una metodología para su estudio particularmente aplicable a la rendición de cuentas de los compromisos de gobierno. A partir de esta metodología se realiza un examen comparado de las comunidades autónomas. Los resultados muestran que la rendición de cuentas ocupa un lugar reducido en la agenda de los Gobiernos autonómicos, que existen variaciones significativas entre las comunidades autónomas y que el peso de las tres dimensiones que componen el índice de rendición de cuentas elaborado es distinto en las diferentes iniciativas impulsadas.
Artículo de Mikel Barreda y Agustí Cerrillo. Publicado en la Revista de Estudios Políticos, núm. 202 (octubre/diciembre 2023)
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La transparencia y el uso de sistemas automatizados de control y toma de decisiones en las plataformas digitales
Capítulo de la obra "Improving working conditions in platform work in the light of the recent proposal for a directive", coordinada por Stefano Bellomo, Domenico Mezzacapo, Fabrizio Ferraro y Dario Calderara. El capítulo es autoría de Djamil Tony Kahale Carrillo, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Sumario:
1. Situación de la Propuesta de la Comisión para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas digitales
2. Situación en España
3. Algunas consideraciones: ¿existe la discriminación algorítmica?
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Resolución de ámbito autonómico y local del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) RT CTBG 2023-0873 (expediente 1193-2023), de 11 de octubre de 2023. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos de una e
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 11/10/2023.
Título: Resolución de ámbito autonómico y local RT CTBG 2023-0873 (expediente 1193-2023).
Breve descripción: El interesado no ha solicitado copia de ningún documento ni la previa tarea de trasponer la información a un formato diferente del original, que son los hechos imponibles previstos en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos de la entidad local, sino que ha solicitado información sobre determinadas materias propias de la actividad municipal, como subvenciones o actividad institucional del ayuntamiento, que incluso en algún caso deben ser objeto de publicidad activa según la normativa de transparencia.
Consecuentemente, al no darse los supuestos establecidos en la Ordenanza Fiscal o en el artículo 22.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no procede a juicio de este Consejo que el reclamante deba satisfacer el pago de ninguna tasa para acceder a una información que tiene la consideración de información pública según la LTAIBG.
A estos efectos, es preciso tener en cuenta que el derecho de acceso a la información pública es un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación.
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:3e3d5e8a-afd8-448c-84e5-9427e44a2395/RA%20CTBG%202023-0873%20%5BExpediente%201193_2023%5D_Censurado.pdf -
Informe sobre la Justicia Administrativa 2023.
Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia, por Isaac Martín Delgado. Capítulo del Informe sobre la Justicia Administrativa 2023 (CIJA). Indicadores de actividad, Derechos Fundamentales, Transparencia y Defensa de la Competencia.
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Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) R CTBG 2023-0876 (expediente 1454-2023), de 20 de octubre de 2023
Autor: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal).
Fecha: 20/10/2023.
Título: Resolución R CTBG 2023-0876 (expediente 1454-2023).
Breve descripción: Cuando los solicitantes de información sobre salarios de empleados públicos son empleados del propio centro de trabajo, del mismo modo que cuando son representantes sindicales, se entiende que la información no se obtiene con el fin de su difusión pública, por lo que, al no haber publicidad, por definición, no existen riesgos para la protección de los datos personales, por lo que tales solicitudes reúnen el presupuesto para exceptuar la aplicación del artículo 19.3 LTAIBG (trámite de audiencia a los interesados).
URL: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dam/jcr:6c4dba0d-c9c1-4929-a9eb-80b45bae9149/R%20CTBG%202023-0876%20%5BResoluci%EF%BF%BDn%20expte.%201454-2023%5D.pdf -
STSJ Madrid de fecha 22 de julio de 2019, Recurso: 63/2018, sobre la denegación de acceso a las sanciones impuestas a empresa alimentaria por la AICA
La ST conoce de la denegación de acceso a las sanciones impuestas a empresa alimentaria por la AICA, al considerar que la publicidad no está prevista en la ley, no hay consentimiento del afectado, y afecta a sus intereses comerciales, del art. 14.1 h) LTAIBG. "(...) En nuestro caso la Sala entiende que la decisión cuestionada respeta dicha doctrina, dadas las expresadas circunstancias del supuesto (alcance de lo solicitado y ámbito sancionador de referencia, con resolución sancionadora a debate en sede judicial). «Abundando ya por último en lo expuesto la citada Resolución de 20/10/16, que trascribe en parte bastante la Abogacía del Estado, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano administrativo de carácter independiente que interpreta y aplica la Ley 19/13, conforme a la propia Ley, significa en esencia que, tratándose de datos personales relativos a la comisión de una infracción administrativa que no conlleva la publicación de la sanción, se exige una previsión legal al respecto o el consentimiento del afectado, circunstancias ambas que aquí, en nuestro caso, tampoco se dan, conforme a lo ya expuesto"