El grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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Crónica de jurisprudencia sobre transparencia y buen gobierno. INAP - Severiano Fernández Ramos
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¿Del secretismo a la transparencia? Análisis del registro de lobbies y las agendas diarias del Ayuntamiento de Madrid 2018-2023
El objetivo central de este artículo es conocer con quién se han reunido los cargos electos del Ayuntamiento de Madrid y qué temas son más relevantes para el policy-making local durante el periodo 2018-2023. La Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid (OTAM), de 2016, creó el Registro de Lobbies como una herramienta de transparencia que, junto a la publicación de las agendas de responsables públicos, deben permitir a la ciudadanía madrileña conocer cómo se toman las decisiones y qué intereses privados son tenidos en cuenta. Sin embargo, estudios anteriores señalan que el Portal de Transparencia detecta un número muy bajo de reuniones en las que predominan los contactos con intereses empresariales. El artículo examina una base de datos original que incluye datos del Registro de Lobbies, del Censo de Entidades Municipales, del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid y de las agendas de responsables públicos. Esta base logra identificar a un número mayor de actores (4439 frente a 981 inscritos) involucrados en la política municipal y de reuniones (6863 frente a 2494). A partir de esto, el artículo identifica dos errores de diseño incluidos en la OTAM que estarían comprometiendo la eficacia del Portal de Transparencia: por un lado, que las entidades cívicas, sociales y vecinales inscritas en el Censo de Entidades Municipales no estén obligadas a inscribirse en el Registro de Lobbies a pesar de poder reunirse con responsables públicos y, por otro lado, que la aplicación de una definición conductual del lobby, y la falta de supervisión, permite que muchas empresas y ciudadanos/as, de las que no hay constancia de que se hayan reunido con responsables públicos, se inscriban en el Registro de Lobbies. Esto nos permite concluir que, en la práctica, el Registro de Lobbies ofrece información sobre empresas, ciudadanos/as y asociaciones empresariales de ámbito supramunicipal, mientras que las reuniones con asociaciones cívicas y sindicatos, al no estar obligadas a registrarse, no están claramente identificadas en el Portal de Transparencia.
Artículo de Raquel Valle Escolano e Iván Medina Iborra, publicado en la Revista Española de Ciencia Política núm. 67 (2025)
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Diez años de transparencia activa autonómica en España mediante datos abiertos: periodo 2013-2023
Introducción: La transparencia activa que se realiza mediante datos abiertos, facilita la reutilización de la información que se está divulgando y, por tanto, incrementa su valor. Metodología: Se ha formulado un indicador de transparencia basado en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que pondera la divulgación de información según la escala propuesta por Tim Berners-Lee, valorando bianualmente el desempeño autonómico a lo largo del periodo 2013-2023.Resultados:Las puntuaciones no son muy elevadas y, si bien mejoran en los ocho primeros años, revierten ligeramente en el último periodo. Las diferencias autonómicas son muy acusadas ya que existen autonomías que están realizando una adecuada labor (País Vasco, Cataluña), y otras cuya puntuación en 2023 es de cero puntos (Extremadura y Comunidad de Madrid). A pesar de que cuatro comunidades autónomas consiguen mantener o mejorar sus puntuaciones, el análisis longitudinal muestra que la mayoría de las autonomías experimentan variabilidades negativas a lo largo del estudio, lo que parece indicar que más difícil que poner en marcha de las iniciativas, es su mantenimiento. Discusión y conclusiones: Las dos iniciativas más relevantes, Cataluña y País Vasco, han seguido distintos patrones de comportamiento, aunque, en todo caso, cualquiera de ellas podría establecerse como ejemplo a seguir por las autonomías que han descuidado la información asociada a la trasparencia activa mediante sus portales de datos abiertos o por aquellas que nunca han contemplado este cometido.
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El dret d’accés a la informació pública, la protecció de dades i la intel·ligència artificial
El Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña publica un número especial en su 40 aniversario, donde analiza algunos aspectos clave en el desarrollo del estado autonómico. Clara Velasco, miembro de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública en Cataluña, publica un artículo suyo donde aborda cuestiones que nos interesan a los miembros de este grupo. Lo compartimos con todos vosotros!
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LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PARA ELIMINAR LOS RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Con la evolución de los sistemas de inteligencia artificial, se ha masificado una diversidad de riesgos, por ello, el Parlamento Europeo crea un Reglamento Europeo sobre Inteligencia artificial, en el cual se establecen normas armonizadas en la materia, en la cual, de acuerdo al enfoque del riesgo, se clasifican los riesgos en inaceptables, de alto riesgo, riesgo limitado y riesgo bajo o mínimo. Asimismo, se contemplan los riesgos genéricos y sistémicos, y se regulan las obligaciones de transparencia, las cuales analizamos como nuestro objeto de investigación para poder determinar si existen lagunas, incoherencias o problemas semánticos que
hagan a la norma ineficaz para eliminar los riesgos que se originan con el uso de la inteligencia artificial. Entre esas obligaciones encontramos que el proveedor deberá informar al usuario que está interactuando con un sistema de IA, excepto cuando sea evidente que lo está haciendo con una persona física, razonablemente informada, atenta y perspicaz teniendo en cuenta las circunstancias y contexto. -
El acceso a la información pública del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional está sometido, en virtud del art. 2.1 f) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, a las previsiones legales relativas al derecho de acceso
a la información pública, información que, en su caso, se circunscribe al ámbito de
las “actividades sujetas a Derecho Administrativo”. El objeto de este trabajo es
analizar, en relación con las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas
al Tribunal Constitucional, las causas de inadmisión más relevantes y problemáticas,
así como el sistema previsto para garantizar el ejercicio del derecho de acceso por
la ciudadanía y sus incertidumbres; garantías que deben responder a los principios
básicos de inmediatez, asequibilidad, independencia y efectividad. A tales efectos,
se abordará, en primer lugar, la dificultad de delimitar el ámbito de la información
pública sujeta al Derecho Administrativo y, por ello, al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa. En segundo lugar, se expondrán de forma sistemática la
tipología de las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal
Constitucional y las diferentes causas de inadmisión invocadas. En tercer y último
lugar, se estudiará el sistema de garantías previsto -en vía administrativa y judicial-,
su expansión por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las incertidumbres que se
suscitan en cuanto al acceso a la vía de amparo o de recurso ante el TEDH. -
Severiano Fernández Ramos. "La transparencia de las entidades privadas beneficiarias de fondos públicos"
Si es indiscutido que la gestión de los fondos públicos constituye uno de los pilares de la rendición
de cuentas, con mayor razón en el caso de la actividad subvencional que supone la transferencia
de fondos públicos al sector privado sin contraprestación directa de los beneficiarios. Con la
finalidad de impulsar la transparencia de esta actividad, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ordena a las entidades privadas
que perciban ayudas o subvenciones públicas a partir de determinados umbrales a cumplir las
obligaciones de publicidad activa. En este trabajo se analizan las múltiples deficiencias de la Ley
para su efectividad. -
Transparencia, explicabilidad y confianza en los sistemas de aprendizaje automático
Artículo de Andrés Páez, 1 Profesor Titular del Departamento de Filosofía e Investigador del Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial (CinfonIA) de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Uno de los principios éticos mencionados más frecuentemente en los lineamientos para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) es la transparencia algorítmica. Sin embargo, no existe una definición estándar de qué es un algoritmo transparente ni tampoco es evidente por qué la opacidad algorítmica representa un reto para el desarrollo ético de la IA. También se afirma a menudo que la transparencia algorítmica fomenta la confianza en la IA, pero esta aseveración es más una suposición a priori que una tesis basada en evidencia empírica. Tampoco se discute mucho hasta qué punto es técnicamente posible volver transparente la caja negra de la IA a través de los métodos de explicabilidad. En este capítulo haré un análisis de la interrelación entre los conceptos de transparencia, explicabilidad y confianza. Inicialmente, analizaré los diferentes tipos de opacidad algorítmica para entender mejor cuál es el problema al que nos enfrentamos. En las secciones subsiguientes trazaré la relación entre explicabilidad y transparencia, y presentaré los límites de los métodos actuales de explicabilidad. En la sección final, examinaré la evidencia empírica acerca de la relación entre transparencia y confianza en las decisiones automatizadas basadas en sistemas de IA. -
Transparencia y legitimidad de la seguridad pública. Un enfoque de valor social, gestión responsable y eficacia social
Artículo de Ignacio del Olmo Fernández, Antonio Juan Briones Peñalver y Francisco José Fernández Cañavate, publicado en REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, núm. 147 (2024).
En este trabajo se estudia la transparencia y legitimidad desde la perspectiva de su contribución a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello, se hace una exposición teórica sobre el significado del principio de transparencia y buen gobierno y su aplicación a través de la legitimidad, así como su importancia para justificar la llamada justicia procedimental, piedra angular de la relación de los ciudadanos con las fuerzas de policía. Para verificar dicha teoría se ha realizado un estudio empírico basado en una encuesta dirigida a ciudadanos de la cual, se han obtenido 421 cuestionarios. Mediante un análisis estadístico multivariante se estudia la importancia y percepción que tienen los ciudadanos de la seguridad pública. La misma es valorada en base a la acción de la fuerza policial como bien público y se asocia a la responsabilidad en el uso de la fuerza desde la perspectiva tanto personal como corporativa. La satisfacción ciudadana de la seguridad pública es evaluada positivamente en base a la transparencia de los actos de la fuerza policial y su eficacia en el servicio, adquiriendo la misma un gran valor social cuando existe legitimidad en sus acciones, actuando en base a sus competencias de gobierno para preservar el orden público. Se aportan varias recomendaciones sobre la aplicación de los principios de transparencia y buen gobierno de las FCSE, recogiendo líneas de investigación sobre las mejoras para la sostenibilidad en el futuro de la acción policial como garante de la seguridad pública.
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Déficits y excesos normativos en materia de transparencia, buena administración y buen gobierno: un análisis de la cuestión a partir de la legislación estatal y extremeña
En este artículo, publicado de forma anticipada en la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), los autores realizan una revisión crítica del estado de la cuestión en materia de transparencia, buena administración y buen gobierno con ocasión del décimo aniversario de la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
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Acceso a la información para proteger el medioambiente
Acceso a fuentes que generan datos de alto valor informativo como herramientas orientadas a la protección medioambiental.
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Modificaciones al régimen de acceso a la información pública en Argentina
Artículo de Mariano Peruzzotti publicado en el Diario La Ley.
El Decreto No 780/2024, sancionado recientemente por el Poder Ejecutivo de Argentina, reglamenta aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública incorporando cambios importantes al régimen. Entre las modificaciones más relevantes, se establecen nuevas limitaciones al derecho de acceso, restringiendo la divulgación de información de naturaleza privada sin interés público. Asimismo, se ajustan los criterios para el manejo de datos personales, fortaleciendo la protección de la privacidad de funcionarios públicos.
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Indicadores de parlamento abierto en las asambleas regionales de los estados de la Unión Europea
Artículo de Francisco Javier López Hernández, publicado en la Revista del Parlamento Vasco, núm. 5, 2024.
La aplicación de los principios del gobierno abierto a las asambleas legislativas regionales lleva indefectiblemente a hablar de parlamento abierto. En este nuevo enfoque, las cámaras parlamentarias deben concentrar sus esfuerzos hacia una mayor transparencia y colaboración que propicien la participación de la ciudadanía. Las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel fundamental para lograr la plenitud de estos tres aspectos, que, considerados como indicadores, permiten evaluar el grado de apertura de un parlamento. Con este nuevo enfoque, la democracia representativa y la democracia participativa encuentran el momento propicio para caminar de la mano, institucionalizando los puntos de encuentro. Por ello, este estudio evaluará el grado de apertura de las asambleas legislativas regionales de los estados miembros de la Unión Europea a través de los indicadores de participación, transparencia y colaboración, al objeto de conocer el grado de implantación de los principios de parlamento abierto en el ámbito regional europeo.
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Emilio Guichot, "La transparencia de los algoritmos desde la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública"
La doctrina en torno al acceso a algoritmos y códigos fuentes a través de la normativa sobre transparencia y acceso a la información está en plena formación. La tendencia parece apuntar a la explicabilidad, cuyo grado de detalle habrá de tener en cuenta la necesidad de no poner en riesgo ninguno de los bienes protegidos que actúan como límite al derecho de acceso. Hay que reclamar al legislador que fije con carácter general y extramuros de la normativa sobre acceso a la información mecanismos generales de publicidad y de control de la corrección de la actuación administrativa a través de algoritmos.
Artículo doctrinal de Emilio Guichot publicado en la Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 117, enero-junio (2024), págs. 77-115.
URL: https://ws168.juntadeandalucia.es/revistaselectronicas/raap/article/view/1408/1356 -
El impacto de las leyes de transparencia en el trabajo de la sociedad civil. El caso español
Tesis de Victoria Anderica leída en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Esta tesis plantea un análisis de las políticas de transparencia en el ámbito público desarrolladas en España desde la aprobación de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno aprobada en 2013. La pregunta principal de la investigación es qué impacto tiene en el desarrollo de políticas de transparencia de las instituciones públicas la inclusión de diferentes y nuevos actores, incluida la sociedad civil, y en los procesos de toma de decisiones de lo público. Para poder responder a esta pregunta se aborda el estudio de las diferentes normas que han desarrollado la transparencia en España a nivel estatal, regional y municipal, así como el estudio de otras medidas que complementan este tipo de regulaciones como son la transparencia del lobby. Al analizar cuantitativa y cualitativamente la implementación de la transparencia en España los datos indican que ha existido un avance importante en esta materia en España, aunque siguen pendientes reformas legislativas que permitan continuar el desarrollo de la transparencia.
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Los entes locales ante la legislación de transparencia
Artículo de Carlos María Rodríguez Sánchez, publicado en Cuadernos de Derecho Local, núm. 64.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, fue aprobada sin recabar la intervención de la Federación Española de Municipios y Provincias, y, en consecuencia, en su texto podemos encontrar problemas de encaje de esa norma básica con la especial posición institucional que ocupan los entes locales en nuestro sistema constitucional. El presente artículo pretende ser, primero, un análisis de la afectación de la Ley de Transparencia (y las normas especiales aprobadas en la materia) respecto de la legislación de régimen local, y, en segundo lugar, una exposición de los aspectos que tienen más difícil encaje en aquellas.
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La transparencia como instrumento de control ciudadano de las funciones administrativas ejercidas por particulares en Cataluña
Artículo de Álvaro González-Juliana Muñoz publicado en la Revista Digital de Derecho Administrativo, núm. 32, 2024.
El artículo estudia la aplicación de la ley catalana de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a las entidades privadas que ejercen funciones públicas o potestades administrativas, prestan servicios públicos o perciben fondos públicos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier título jurídico. Se analiza la obligación que tienen estas entidades de suministrar a la administración responsable la información directamente relacionada con la actividad pública que desarrollan a la luz de la doctrina emanada por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP).
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La transparencia de los sujetos privados que ejercen potestades o prestan servicios públicos
La Ley 19/2013 de Transparencia obliga a las personas materialmente privadas que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas a suministrar a la entidad del sector público a la que se encuentren vinculadas la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. El precepto, pese a su brevedad, suscita múltiples cuestiones, pero la más relevante es si nos encontramos ante un deber legal de colaboración de carácter meramente instrumental o, por el contrario, puede afirmarse que las entidades privadas en cuestión están también sujetas al principio de transparencia pública.
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El sistema constitucional y el derecho a la información. Un análisis sistémico
Artículo publicado en la Revista "Estudios en derecho a la información". Núm. 18, 2024. Autor: Héctor Pavel Mellado-González.
Este documento se adentra en la dinámica compleja y entrelazada del derecho a la información, la buena administración y su papel dentro del sistema constitucional. El objetivo es desentrañar cómo estos aspectos jurídicos se interconectan y evolucionan, contribuyendo a la estructura y la eficacia de la democracia moderna y la gobernanza. Para alcanzar este objetivo, el estudio adopta un enfoque sistémico, apli-cando teorías de sistemas complejos y autopoiesis. Esta metodología permite una visión integral de la interacción y funcionamiento de estos elementos dentro del marco constitucional, abordando conceptos como la autorreferencia, la interdependencia y la adaptabilidad. Entre las conclusiones destacadas, se encuentra la identificación del sistema constitucional como una entidad dinámica y autorregulativa, y la conformación del derecho a la información como elemento sistémico. Se revela la capacidad de estos sistemas de adaptarse a cambios sociales y políticos, manteniendo su coherencia en el marco jurídico y constitucional. Este análisis ofrece una perspectiva valiosa para entender la gobernanza y la legalidad en sociedades contemporáneas.
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Distorsión del derecho de acceso a la información pública
Artículo publicado en la Revista "Estudios en derecho a la información". Núm. 18, 2024. Autores: Héctor Eduardo Soto Guerrero y Ricardo Uvalle Berrones.
El artículo analiza las restricciones a la política de transparencia que resultan del embate gubernamental en contra del INAI. Los resultados muestran que el costo anual del INAI por mexicano es de siete pesos con cuarenta centavos. El veto presidencial a las designaciones de comisionados causó inoperatividad del INAI por 151 días, lo que generó una acumulación de 5,994 expedientes de revisión. El decreto presidencial del 18 de mayo de 2023 sobre la restricción de información de obras públicas vulnera el principio de máxima publicidad. Se ofrecen propuestas para superar el impasse y se concluye que la falta de designación de comisionados daña la garantía del ciudadano de acceder a la información pública.
