El grupo de trabajo de transparencia y acceso a la información pública se dedica al estudio y debate sobre la transparencia pública y su normativa, tanto en lo que atañe a la publicidad activa como al derecho de acceso a la información pública, que es su ámbito específico de trabajo. Desarrollamos una intensa actividad docente y divulgativa, a través de acciones formativas y las publicaciones que elabora. ¡Te estamos esperando! Anímate y únete a nuestro grupo.
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La transparencia activa: aspectos generales y situación en Canarias
Por Miguel Ángel Herrero Hernández, jefe de servicio en el Comisionado de Transparencia de Canarias, publicado en la Revista Canaria de Administración Pública núm. 5 (junio 2025).
Tras una introducción para exponer el concepto de transparencia, sus modalidades y su importancia, se aborda en este trabajo la regulación de la publicidad activa y su aplicación en Canarias, centrando el análisis en las dos competencias que tiene en esta materia el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, órgano garante de la transparencia en las islas: el control y la evaluación. La publicidad activa es una materia que adolece de falta de atención doctrinal y también de pronunciamientos jurisprudenciales; esta ponencia aspira a servir de humilde ejemplo para revertir esa carencia.
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El derecho de acceso a la información pública en España desde una perspectiva de género
Por José Luis Ros y José Manuel Mayor en la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, núm. 38, en julio de 2025.
Objetivos: los trabajos que estudian el derecho de acceso a la información pública en España desde una perspectiva de género son escasos y, además, los que lo hacen utilizan un análisis puramente descriptivo y focalizado en la Administración General del Estado. Por ello, con el presente trabajo se pretende dar un pequeño paso hacia adelante aportando evidencia empírica a este respecto.
Metodología: se parte de una base de datos creada a partir del propio derecho de acceso y se utilizan una serie de indicadores y análisis estadísticos.
Resultados: existe un sesgo de género, tanto en las solicitudes como en las reclamaciones de acceso a la información pública ante la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a favor de los hombres. En el conjunto de las comunidades autónomas, las mujeres obtienen unas respuestas significativamente peores en rendimiento que los hombres, tanto por las Administraciones territoriales como por los órganos de control.
Conclusiones: se pone de relieve la necesidad y la importancia de articular una respuesta en la gestión del derecho de acceso en España con perspectiva de género.
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Análisis de la apertura de datos por comunidades autónomas en España
Publicado en la Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, por Albérica García Rodríguez y Xosé María Mahou-Lago.
Objetivos: el propósito principal de este artículo es analizar los portales de datos abiertos de las diferentes regiones españolas y evaluar su grado de madurez de acuerdo con una serie de dimensiones, donde estén presentes los principios de gobierno abierto, el cumplimiento normativo y las buenas prácticas en la reutilización de la información del sector público.
Metodología: se realizó un estudio comparado entre las 17 comunidades autónomas, basado en el análisis de los datos recogidos a través de una checklist con indicadores descriptivos y cuantitativos.
Resultados: los hallazgos, que pueden ser de interés para otros países, revelan que la apertura de datos presenta un nivel heterogéneo de madurez aunque, en términos generales (65 %), supera la media.
Conclusiones: derivado de los resultados, se concluye que la apertura de datos es un proceso en evolución y que las comunidades autónomas aún tienen desafíos por superar orientados a promover la reutilización de los datos por parte de la sociedad.
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Diez años de transparencia activa autonómica en España mediante datos abiertos: periodo 2013-2023
Publicado en la "Revista Latina de Comunicación Social" y escrito por Ricardo Curto-Rodríguez, Rafael Marcos-Sánchez y Senén del Canto García.
La transparencia activa que se realiza mediante datos abiertos, facilita la reutilización de la información que se está divulgando y, por tanto, incrementa su valor.
Para este trabajo se ha formulado un indicador de transparencia basado en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que pondera la divulgación de información según la escala propuesta por Tim Berners-Lee, valorando bianualmente el desempeño autonómico a lo largo del periodo 2013-2023.
Las puntuaciones no son muy elevadas y, si bien mejoran en los ocho primeros años, revierten ligeramente en el último periodo. Las diferencias autonómicas son muy acusadas ya que existen autonomías que están realizando una adecuada labor (País Vasco, Cataluña), y otras cuya puntuación en 2023 es de cero puntos (Extremadura y Comunidad de Madrid). A pesar de que cuatro comunidades autónomas consiguen mantener o mejorar sus puntuaciones, el análisis longitudinal muestra que la mayoría de las autonomías experimentan variabilidades negativas a lo largo del estudio, lo que parece indicar que más difícil que poner en marcha de las iniciativas, es su mantenimiento.
Las dos iniciativas más relevantes, Cataluña y País Vasco, han seguido distintos patrones de comportamiento, aunque, en todo caso, cualquiera de ellas podría establecerse como ejemplo a seguir por las autonomías que han descuidado la información asociada a la trasparencia activa mediante sus portales de datos abiertos o por aquellas que nunca han contemplado este cometido.
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Comentario de urgencia sobre el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta
Por Joaquín Meseguer Yebra. El Consultor de los Ayuntamientos. Editorial Aranzadi La Ley.
Este es solo un primer paso del largo trayecto que le queda por recorrer al texto, no solo en su fase administrativa, sino especialmente parlamentaria, y una oportunidad para todos de contribuir al perfeccionamiento de una ley a la que todos le reconocemos una importancia de primer orden. -
La transparencia en el acceso al empleo público: teoría, práctica y ¿ficción?
Objetivos: en materia de empleo público, la transparencia se configura como un principio rector que la
Administración pública debe garantizar en su actuación. El objetivo de este artículo es reflexionar sobre
la transparencia en el acceso al empleo público con una perspectiva práctica a través de casos reales,
siguiendo un criterio temporal que abarque los períodos anterior, simultáneo y posterior del proceso selectivo.
Metodología: a falta de una sistemática doctrinal del contenido esencial del principio rector, una
aproximación puede llevarse a cabo de forma casuística mediante la extracción de directrices y parámetros
que deben guiar la actuación en el acceso al empleo público, emanados de resoluciones judiciales,
resoluciones, memorias e informes de autoridades independientes y reputada literatura. Resultados: la
naturaleza de la transparencia, proyectada al empleo público como un abstracto principio rector, parece
guardar buena correlación con el pobre cumplimiento y compromiso con la misma que se aprecia a nivel
general, sin que haya razón para dudar que también es predicable del concreto ámbito a la vista de
los casos problemáticos analizados. Conclusiones: el principio rector de transparencia en el acceso al
empleo público es susceptible de optimización, de cumplimiento gradual y tendencialmente incremental.
La buena Administración pública ha de estar comprometida con la mayor satisfacción posible de su contenido
en aquellos derechos que tienen como basamento al mismo. Se observa que existe aún campo de
mejora en muchas Administraciones. -
Transparencia e inteligencia artificial en Europa. Una relación normativa incierta
Artículo de BELTRÁN GARCÍA, Susana (2025) para la revista Quaderns IEE: Revista de l’Institut d’Estudis Europeus, 4(2). En los sistemas de inteligencia artificial (IA), la exigencia de transparencia es fundamental para que los usuarios comprendan que están actuando con este tipo de tecnología y conozcan sus riesgos. Sin embargo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no define explícitamente qué es transparencia, lo que ya ocasiona incertidumbre sobre su contenido, alcance e implementación. En efecto, a pesar de los esfuerzos del legislador europeo por regular la IA de manera que se preserven los derechos de las personas, piedra angular en toda esta materia, persisten dudas sobre cómo aplicar la transparencia de forma que contribuya efectivamente a dicha protección. En este artículo se abordan los problemas de carácter normativo y técnico que surgen por la falta de concreción del concepto de transparencia en los sistemas de IA, así como la necesidad de clarificar su aplicación. En este sentido, la Unión Europea tiene ante sí una oportunidad para delimitar los contornos jurídicos de la transparencia y contribuir, a través de sus reglas, a la gobernanza mundial de la IA.
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El acceso a la información y la convicción de los jueces
Artículo de José Cárdenas Sánchez para la revista Estudios en derecho a la información, núm. 20, 2025. Este artículo examina el uso de la solicitud de información como medio para obtener documentos en poder del Estado, que luego se presentarán como prueba en procedimientos judiciales. Mediante un muestreo exploratorio de sentencias del Poder Judicial de México seleccionaron cinco casos de éxito en materia de justicia laboral. Uno de los principales resultados es que, a pesar de la amplitud del muestreo, la mayor efectividad de los documentos obtenidos por transparencia se registró en materia laboral, cuyas reglas en la admisión de pruebas supervinientes favorecen las pretensiones del trabajador. Asimismo, este uso del derecho a la información se convierte en un mecanismo permanente de supervisión de la actuación de la administración pública en materia de contratación y despido de empleados públicos.
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Protección de datos, intimidad y acceso a la información pública. Ponderación y proporcionalidad
Artículo de José Miguel Hernández López para la Revista Canaria de Administración Pública núm. 5 (junio 2025). Estudio de los criterios, test y principios determinados por la legislación, la jurisprudencia y las autoridades administrativas que coadyuvan a resolver los conflictos que plantean los límites de la protección de datos personales y el derecho a la intimidad al acceso a la información pública, especialmente en el contexto de la creciente digitalización y la importancia de la transparencia en la gestión pública.
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¿Qué entienden los ciudadanos por transparencia? El componente punitivo de la transparencia
Artículo de Medir Tejado, Lluís; Magre Ferran, Jaume; Pano Puey, Esther (2025). «¿Qué entienden los ciudadanos por transparencia? El componente punitivo de la transparencia». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 191: 63-80.
Este trabajo arroja luz sobre los determinantes de la concepción ciudadana de la transparencia. A partir del análisis teórico y de la evidencia empírica basada en grupos de discusión y encuestas, los resultados confirman que los ciudadanos con menor nivel de confianza institucional perciben la transparencia como una política de control de los Gobiernos. La hipótesis causal de las políticas de transparencia asume que su objetivo fundamental es incrementar la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones políticas. Sin embargo, si la voluntad de control y la baja confianza previa aparecen como determinantes para su comprensión, las explicaciones sobre el origen de las políticas de transparencia pueden variar, abriendo nuevas vías menos optimistas para interpretar los efectos reales de la transparencia sobre los ciudadanos.
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Los límites a la transparencia en la contratación pública; En particular, la confidencialidad de los secretos empresariales
Artículo de Enrique Soler Santos, en Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, núm. 41, 2025.
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El lenguaje claro de la información en la regulación del derecho de acceso a la información pública en América Latina y Caribe
Artículo de Carmen Gloria Droguett González y Luis Herrera Orellana, publicado en Anuario iberoamericano de buen gobierno y calidad democrática, búm. 2, 2025. Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis crítico de la importancia que tiene, para una mejor relación entre Estado y ciudadanía, la exigencia del uso de lenguaje claro en la regulación del derecho de acceso a la información pública. Se trata de una investigación cualitativa documental que, a partir del estudio del concepto e importancia de lenguaje claro y del examen de la normativa sobre acceso a la información pública en países de América Latina y El Caribe, constata avances y deficiencias regulativas compartidas que repercuten en la eficacia del derecho de acceso a la información y, con ello, en la garantía y protección de los derechos fundamentales de las personas.
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La creación de un modelo de Parlamento Abierto para el Congreso de Diputados en España
Artículo de Néstor Antonio Ecarri Angola publicado en el Anuario iberoamericano de buen gobierno y calidad democrática, núm.. 2, 2025. El objetivo general de la presente investigación es analizar el sentido y alcance del parlamento abierto, mediante la implementación de un Plan de acción, particularmente, en el Congreso de Diputados en España. Los resultados de la presente investigación son satisfactorios pues, el diagnóstico y análisis del caso para el proceso de implementación de una política de parlamento abierto se presenta a raíz de la presentación del I Plan de Parlamento Abierto 2024-2027 de fecha 16 de enero de 2025, detectando oportunidades significativas con la finalidad de hacer aportes de acuerdo con los estándares internacionales.
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Crónica de jurisprudencia sobre transparencia y buen gobierno. INAP - Severiano Fernández Ramos
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¿Del secretismo a la transparencia? Análisis del registro de lobbies y las agendas diarias del Ayuntamiento de Madrid 2018-2023
El objetivo central de este artículo es conocer con quién se han reunido los cargos electos del Ayuntamiento de Madrid y qué temas son más relevantes para el policy-making local durante el periodo 2018-2023. La Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid (OTAM), de 2016, creó el Registro de Lobbies como una herramienta de transparencia que, junto a la publicación de las agendas de responsables públicos, deben permitir a la ciudadanía madrileña conocer cómo se toman las decisiones y qué intereses privados son tenidos en cuenta. Sin embargo, estudios anteriores señalan que el Portal de Transparencia detecta un número muy bajo de reuniones en las que predominan los contactos con intereses empresariales. El artículo examina una base de datos original que incluye datos del Registro de Lobbies, del Censo de Entidades Municipales, del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid y de las agendas de responsables públicos. Esta base logra identificar a un número mayor de actores (4439 frente a 981 inscritos) involucrados en la política municipal y de reuniones (6863 frente a 2494). A partir de esto, el artículo identifica dos errores de diseño incluidos en la OTAM que estarían comprometiendo la eficacia del Portal de Transparencia: por un lado, que las entidades cívicas, sociales y vecinales inscritas en el Censo de Entidades Municipales no estén obligadas a inscribirse en el Registro de Lobbies a pesar de poder reunirse con responsables públicos y, por otro lado, que la aplicación de una definición conductual del lobby, y la falta de supervisión, permite que muchas empresas y ciudadanos/as, de las que no hay constancia de que se hayan reunido con responsables públicos, se inscriban en el Registro de Lobbies. Esto nos permite concluir que, en la práctica, el Registro de Lobbies ofrece información sobre empresas, ciudadanos/as y asociaciones empresariales de ámbito supramunicipal, mientras que las reuniones con asociaciones cívicas y sindicatos, al no estar obligadas a registrarse, no están claramente identificadas en el Portal de Transparencia.
Artículo de Raquel Valle Escolano e Iván Medina Iborra, publicado en la Revista Española de Ciencia Política núm. 67 (2025)
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Diez años de transparencia activa autonómica en España mediante datos abiertos: periodo 2013-2023
Introducción: La transparencia activa que se realiza mediante datos abiertos, facilita la reutilización de la información que se está divulgando y, por tanto, incrementa su valor. Metodología: Se ha formulado un indicador de transparencia basado en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que pondera la divulgación de información según la escala propuesta por Tim Berners-Lee, valorando bianualmente el desempeño autonómico a lo largo del periodo 2013-2023.Resultados:Las puntuaciones no son muy elevadas y, si bien mejoran en los ocho primeros años, revierten ligeramente en el último periodo. Las diferencias autonómicas son muy acusadas ya que existen autonomías que están realizando una adecuada labor (País Vasco, Cataluña), y otras cuya puntuación en 2023 es de cero puntos (Extremadura y Comunidad de Madrid). A pesar de que cuatro comunidades autónomas consiguen mantener o mejorar sus puntuaciones, el análisis longitudinal muestra que la mayoría de las autonomías experimentan variabilidades negativas a lo largo del estudio, lo que parece indicar que más difícil que poner en marcha de las iniciativas, es su mantenimiento. Discusión y conclusiones: Las dos iniciativas más relevantes, Cataluña y País Vasco, han seguido distintos patrones de comportamiento, aunque, en todo caso, cualquiera de ellas podría establecerse como ejemplo a seguir por las autonomías que han descuidado la información asociada a la trasparencia activa mediante sus portales de datos abiertos o por aquellas que nunca han contemplado este cometido.
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El dret d’accés a la informació pública, la protecció de dades i la intel·ligència artificial
El Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña publica un número especial en su 40 aniversario, donde analiza algunos aspectos clave en el desarrollo del estado autonómico. Clara Velasco, miembro de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública en Cataluña, publica un artículo suyo donde aborda cuestiones que nos interesan a los miembros de este grupo. Lo compartimos con todos vosotros!
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LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PARA ELIMINAR LOS RIESGOS DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Con la evolución de los sistemas de inteligencia artificial, se ha masificado una diversidad de riesgos, por ello, el Parlamento Europeo crea un Reglamento Europeo sobre Inteligencia artificial, en el cual se establecen normas armonizadas en la materia, en la cual, de acuerdo al enfoque del riesgo, se clasifican los riesgos en inaceptables, de alto riesgo, riesgo limitado y riesgo bajo o mínimo. Asimismo, se contemplan los riesgos genéricos y sistémicos, y se regulan las obligaciones de transparencia, las cuales analizamos como nuestro objeto de investigación para poder determinar si existen lagunas, incoherencias o problemas semánticos que
hagan a la norma ineficaz para eliminar los riesgos que se originan con el uso de la inteligencia artificial. Entre esas obligaciones encontramos que el proveedor deberá informar al usuario que está interactuando con un sistema de IA, excepto cuando sea evidente que lo está haciendo con una persona física, razonablemente informada, atenta y perspicaz teniendo en cuenta las circunstancias y contexto. -
El acceso a la información pública del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional está sometido, en virtud del art. 2.1 f) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, a las previsiones legales relativas al derecho de acceso
a la información pública, información que, en su caso, se circunscribe al ámbito de
las “actividades sujetas a Derecho Administrativo”. El objeto de este trabajo es
analizar, en relación con las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas
al Tribunal Constitucional, las causas de inadmisión más relevantes y problemáticas,
así como el sistema previsto para garantizar el ejercicio del derecho de acceso por
la ciudadanía y sus incertidumbres; garantías que deben responder a los principios
básicos de inmediatez, asequibilidad, independencia y efectividad. A tales efectos,
se abordará, en primer lugar, la dificultad de delimitar el ámbito de la información
pública sujeta al Derecho Administrativo y, por ello, al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa. En segundo lugar, se expondrán de forma sistemática la
tipología de las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Tribunal
Constitucional y las diferentes causas de inadmisión invocadas. En tercer y último
lugar, se estudiará el sistema de garantías previsto -en vía administrativa y judicial-,
su expansión por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las incertidumbres que se
suscitan en cuanto al acceso a la vía de amparo o de recurso ante el TEDH. -
Severiano Fernández Ramos. "La transparencia de las entidades privadas beneficiarias de fondos públicos"
Si es indiscutido que la gestión de los fondos públicos constituye uno de los pilares de la rendición
de cuentas, con mayor razón en el caso de la actividad subvencional que supone la transferencia
de fondos públicos al sector privado sin contraprestación directa de los beneficiarios. Con la
finalidad de impulsar la transparencia de esta actividad, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ordena a las entidades privadas
que perciban ayudas o subvenciones públicas a partir de determinados umbrales a cumplir las
obligaciones de publicidad activa. En este trabajo se analizan las múltiples deficiencias de la Ley
para su efectividad.
