Una administración pública participativa y transparente busca un enfoque de gestión basado en principios de inclusión y apertura a toda la población, fomentando la colaboración entre líderes y empleados, así como la rendición de cuentas a todas las partes interesadas. En otras palabras, busca establecer un diálogo abierto y continuo entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales. En este sentido, los ciudadanos no sólo tienen el derecho de ser informados —recogido en el artículo 20 del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española—, sobre las decisiones que les afectan, sino que también se les otorga la oportunidad de participar activamente en el proceso de toma de decisiones.
Aspectos claves para una administración pública participativa
La administración pública participativa en su deseo por mantener un diálogo abierto pueden incorporar una serie de aspectos para crear una administración pública participativa.
- Espacios de participación ciudadana:
Se deben crear espacios y mecanismos para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, plantear propuestas y participar en consultas públicas sobre temas relevantes para la comunidad. - Colaboración en la planificación y ejecución de políticas públicas.
Los ciudadanos deben tener la oportunidad de colaborar con los gobiernos en la definición y puesta en marcha de políticas públicas que impacten directamente en sus vidas. - Transparencia en el proceso de toma de decisiones
La administración pública participativa implica informar a los ciudadanos sobre las opciones consideradas, los datos relevantes y las razones que respaldan las decisiones gubernamentales.
Administración pública transparente como pilar fundamental
La administración pública transparente se enfoca en garantizar el acceso abierto y sin restricciones a la información gubernamental. Esto implica que los ciudadanos tienen el derecho de acceder a los datos y documentos que no comprometan la seguridad nacional o la privacidad de los ciudadanos. En la actualidad, la normativa respalda a las administraciones públicas transparentes y participativas. Tal y como se recoge en 100 preguntas sobre aspectos básicos de la administración local, la normativa prevé que las administraciones locales integren sus sistemas de información con los sistemas de información de la Administración General del Estado en lo que se denominan servicios horizontales. El objetivo es ofrecer un servicio integral a la ciudadanía basado en los principios de transversalidad, simplificación administrativa y transparencia.
De este modo, las administraciones públicas locales y estatales tienen un esqueleto transparente que garantiza la diafanidad en la toma de decisiones además de proveer espacios para la participación ciudadana.
