La participación es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. Como se ha relatado en anteriores post de la Red por la Transparencia y la Participación Ciudadana, la participación ciudadana y la transparencia se han convertido en elementos cruciales para fortalecer la gobernanza local y garantizar una sociedad más justa y democrática. Si bien es cierto que existen distintos niveles de participación ciudadana, tal y como se detalla en el post ‘¿Cuáles son los niveles de participación ciudadana?’ , el presupuesto participativo se considera fundamental para garantizar una buena gestión pública. De este modo, el presupuesto participativo emerge como una opción indispensable en una democracia transparente y participativa permitiendo a los ciudadanos influir directamente en la asignación de recursos públicos.
Qué es un presupuesto participativo
En el documento “GOBERNANZA PARTICIPATIVA LOCAL, construyendo un nuevo marco de relación con la ciudadanía” que podemos encontrar en la página oficial de la Red de Transparencia y Participación Ciudadana, se pueden encontrar distintas definiciones que se han ido otorgando a lo largo del tiempo a mencionado concepto. En el periodo contemporáneo en el que se encuentra la sociedad participativa actual se puede definir como una metodología basada en la democracia abierta y transparente en la que la ciudadanía se involucra en la decisión y en la discusión de las políticas públicas y las partidas presupuestarias destinadas a las mismas. Así, el presupuesto participativo no solo fomenta la inclusión y la equidad, sino que también mejora la calidad de la gestión pública al vincular de manera efectiva a los ciudadanos con el gobierno.
Esta definición conecta de manera directa con otro concepto clave en una sociedad democrática y transparente: la democracia directa.
¿Qué es la democracia directa?
Se refiere a democracia directa todo aquel proceso o procedimiento en el que la ciudadanía puede ejercer su soberanía directamente, es decir, sin intermediación de ningún representante. En este sentido “la implantación de medidas de reforzamiento de la ciudadanía como decisor político, capaz de diseñar la agenda gubernamental, los procedimientos de toma de decisiones y, en última instancia, los servicios que deben prestarse” propios de una democracia directa está íntimamente ligada a un presupuesto participativos y su carácter de empoderamiento de la ciudadanía.
Si bien una democracia directa es más ventajosa desde el punto de vista de participación también requiere tiempo y esfuerzo así como un compromiso significativo de los ciudadanos.