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Nuevo intento de hacer expansivo el límite «intereses económicos y comerciales», esta vez por parte de AENA, que pretendía que no se pudiera conocer los ingresos obtenidos por la explotación de los aparcamientos de su red de aeropuertos en los años 2019, 2020 y 2021, desglosada por aeropuertos. Alegaba que darlos a conocer supondría dejar a la entidad en desventaja con respecto a sus competidores, afectaría a su cartera de productos y servicios, estrategia de precios, etc.
La Audiencia Nacional desestima el recurso (sentencia de 20 de junio de 2024, en el recurso 55/2023) porque no se concretan los posibles daños -ni siquiera hipotéticos-, sin que se haya ponderado la prevalencia del límite respecto del derecho de acceso a la información (tests del daño y del interés público). Rechaza también el tribunal el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad pedido por AENA cuestionando que la transparencia pueda desplazar, en este caso, sus pretensiones por poner en entredicho la libertad de empresa del art. 38 de la Constitución. Como manifestó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el caso, no se puede decir seriamente que conocer las cifras de ingresos por aparcamientos de AENA permita a terceros competidores (nunca identificados) nada más y nada menos que «adulterar el funcionamiento de la economía de mercado».