El pasado 1 de diciembre de 2022 el Congreso de los diputados aprobó con el ochenta por ciento del arco parlamentario la nueva Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado. De nuevo vuelve a ser Europa la encargada de conminarnos a abordar una asignatura pendiente en nuestro país esta vez con ocasión del cumplimiento del hito 146 del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
A lo largo de los últimos años han sido varios los intentos por cerrar el círculo virtuoso de las políticas públicas mediante la incorporación al quehacer diario de la Administración de una herramienta esencial para el aprendizaje y la mejora de los servicios públicos contribuyendo a una mayor legitimación de la acción pública, así como a la mejora de la calidad democrática en nuestras instituciones.
Cuando hablamos de evaluación conviene atender a una doble perspectiva: por un lado, aquella centrada en el aspecto metodológico de la misma y cuyo estudio se encuentra copado en gran parte por el mundo académico; por el otro nos encontramos con la institucionalización como el proceso por medio del cual las Administraciones públicas tratan de incorporar dicha práctica a su funcionamiento ordinario, a su cultura organizativa y a su modelo de trabajo.
Sin restar importancia al método la institucionalización representa sin duda alguna la clave para que tanto la evaluación como esta nueva Ley terminen alcanzando el éxito esperado no solo dentro del ámbito central, sino también en el resto de capas de la Administración autonómica y local.
Para ello una de las cuestiones iniciales pasa por sacar del debate político la evaluación ya no por una mera cuestión de respeto hacia la propia disciplina, que también, sino porque el fin último de la misma no es ni regenerar nada ni servir de arma arrojadiza contra nadie sino que ésta debe ser concebida como un instrumento de especial utilidad para el Buen Gobierno que debe regir el conjunto de las actuaciones públicas y cuya existencia se encuentra, por tanto, tan justificada o más que muchas otras prácticas llevadas a cabo dentro de la dinámica administrativa de cualquier Administración pública.
Otro hándicap a superar es el error conceptual que se produce al asociar evaluar con examinar. Nada más lejos de la realidad la evaluación se encarga de propiciar un proceso de aprendizaje necesario para, simple y llanamente, mejorar permitiéndonos aumentar el nivel de calidad de las intervenciones públicas.
En tal sentido la evaluación se ocupa de aspectos tan diversos como el diseño de las políticas públicas tratando de verificar si las soluciones propuestas representan la opción más coherente con respecto al problema o la situación que se pretende abordar, el establecimiento de objetivos y metas de modo que estemos en disposición de determinar el grado de eficacia y eficiencia de las intervenciones puestas en marcha, el cálculo de los resultados e impactos a la hora de permitirnos visualizar la transformación producida sobre una línea base previamente establecida, así como de la comunicación y la difusión de estos favoreciendo el conocimiento interno, la transparencia y la rendición de cuentas.
De este modo la evaluación complementa las funciones desarrolladas por otro tipo de entidades u órganos más centrados en aspectos relacionados con la sostenibilidad de las finanzas públicas, la legalidad de la actividad económico-financiera o el control presupuestario, dejando un claro espacio para una herramienta transversal que dentro del marco de la innovación pública aspira a convertirse en un instrumento de especial relevancia para la gestión y la mejora de los servicios públicos a recibir por el conjunto de la ciudadanía.
Otro elemento indispensable para el logro de la institucionalización lo representa la existencia de un verdadero sistema de gobernanza de los datos dentro de la Administración que permita llevar a cabo el proceso evaluador proporcionando la evidencia suficiente y necesaria para la toma de las decisiones de mejora, así como favoreciendo la rendición de cuentas a una sociedad cada vez más formada e informada.
Por todo ello, la aprobación de esta Ley brinda a España una nueva oportunidad para hacer frente a un déficit histórico en materia de evaluación permitiéndola converger con el resto de países más avanzados de su entorno si bien su implantación requerirá de un itinerario por fases a la hora de su aterrizaje en el día a día de las Administraciones públicas, así como de una alta vocación de servicio público y un cierto grado de pasión por parte de los responsables de coordinar un proceso en el que no nos engañemos otros han fracasado en el intento.
Sea como fuere, de lo que no cabe duda es que tras cuarenta y cuatro años de democracia la Administración española se encuentra más que preparada para evaluar sus políticas posibilitando su permanencia dentro de la senda de la mejora continua, así como situando su funcionamiento en un nivel de excelencia superior para, en última instancia, continuar siendo útil para la resolución de los problemas de una sociedad que avanza a un ritmo cada vez más exigente.
Sergio Piedehierro Marcos
Excma. Diputación Provincial de Badajoz
Miembro del grupo de trabajo de evaluación de programas y políticas públicas
