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Actividad

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  • Artículo de Julia Riaza Martínez y Gonzalo Olmos Fernández Corugedo publicad en la Revista jurídica de Asturias, núm. 46, 2023.
    El derecho de acceso a la información ambiental emana de las obligaciones internacionales contraídas por España y de su condición de Estado miembro de la Unión Europea. La posibilidad de solicitar y obtener información ambiental procedente de los poderes públicos, configurada como una de las vertientes de participación de los ciudadanos y actores sociales en la materia, resulta capital para promover el efectivo derecho al disfrute del medio ambiente y requiere una serie de garantías formales, singularmente la posibilidad de que cualquier denegación de acceso sea expresa y motivada y que sólo se pueda producir bajo excepciones justificadas. La regulación del acceso a la información ambiental en el ordenamiento jurídico español se encuentra con distintas fuentes legislativas concurrentes, cuya aplicación conjunta resulta controvertida. Analizamos en este artículo la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, la aplicación de las distintas normas en juego y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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